Con el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc se pensó que el desplazamiento forzado era un episodio superado.

Quienes fueron despojados del territorio empezaron a regresar, reduciendo esa negativa estadística de la Acnur que reportó en el año 2016 124.295 desplazados mientras que en 2017 se presentaron 91.431, cifra que sigue siendo preocupante.

Más alarmante es que durante el 2018 fueron desterradas cerca de cuatro mil familias.

La crisis en Venezuela puede ser una de las causas del aumento de éxodos masivos en la frontera, sin embargo este fenómeno es atribuible en gran medida a la presencia de grupos de delincuencia organizada, que prefieren estas regiones limítrofes porque se les facilita la huida. La Acnur señala que son 7.700.000 los desplazados en Colombia, más del 15% de la población, cifra escandalosa en un país en etapa de posconflicto y actual poseedor del premio nobel de paz.

Tener ese primer lugar en personas desarraigadas desdice de la voluntad de acabar con las guerras intestinas y desigualdades sociales, más cuando se busca el reconocimiento a nivel mundial como un país que avanza en su desarrollo y que es respetuoso de los derechos humanos.

Una nación que pretende vivir en paz además de las acciones contundentes de las autoridades para contrarrestar la violencia, debe tener mayor presencia del Estado y mejor capacidad de respuesta a las necesidades sociales.

Que Colombia siga siendo el país con más desplazados internos obedece en gran parte a la falta de atención del Estado para los ciudadanos que viven en regiones que están siendo objeto de disputas entre organizaciones ilegales.

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