El viernes me entusiasmó a medias la noticia de que finalmente el 30 de noviembre serán entregadas las obras de reconstrucción de la torre B del Palacio de Justicia de Cali. ¿Por qué a medias? Porque después de cuatro años el Palacio debería ser entregado en su totalidad. La realidad es que falta la torre A, cuyo costo es de 12 mil millones de pesos. El Consejo Superior de la Judicatura afirmó que esta fase se culminará en el 2013 y que los recursos están reservados. No me hago ilusiones porque para llegar a esta fecha hemos pasado por plazos incumplidos, presupuestos asignados y no desembolsados. También menguó mi entusiasmo pensar que tendremos Palacio sin justicia.
Qué paradoja que el anuncio se dé en medio del paro y cuando las posiciones de las partes parecían irreconciliables. El viernes las diferencias eran 80 mil millones de pesos y cinco años de plazo; situación ante la cual los empleados anunciaron radicalizar el movimiento y el gobierno amenazó con cesarles los pagos. Con ese panorama, dudo mucho que hoy nos levantemos con la justicia funcionando y no quiero siquiera imaginarme que llegue el día de la entrega del Palacio sin que se haya solucionado el conflicto. Más allá de los 2.700 millones de pesos diarios que se pierden por causa del paro judicial, las implicaciones sociales son inmensas. ¿Qué implicaciones tiene para el país que hasta el viernes se hayan dejado de hacer 165 mil trámites judiciales? Lo triste del asunto es que a muy pocos parece importarles la parálisis de la justicia, por eso menos entusiasta me sentí al leer el twitter que publicamos hoy de Lina Margarita: \”Yo pensé que Colombia siempre había estado en paro judicial\”. ¿Será que, con paro o sin él, vamos a tener un Palacio sin justicia?
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