Los problemas del país son de todos. Plantear una “conversación” en la que no nos involucremos es excluyente. Es importante que participen los alcaldes y gobernadores recién elegidos. Los mandatarios locales tendrán, en menos de un mes, la responsabilidad de orientar unos planes de desarrollo que interpreten las necesidades de los ciudadanos. Igualmente, contarán con $34 billones de regalías, recursos con los que pueden aliviar muchas de las necesidades.

También resulta fundamental que se involucren activamente los congresistas. Ellos no pueden evadir su responsabilidad en la actual situación del país. No nos olvidemos que las mayorías en el Congreso no las tiene el Gobierno. No es justificable que vociferen en Twitter, marchen y participen en caceloralozos teniendo el poder para presentar e impulsar democráticamente las reformas que creen Colombia necesita.

Los colombianos tenemos que llamarlos a cuentas en varios casos. Por ejemplo, en los proyectos de ley anticorrupción que dejaron hundir. El gobierno presentó siete, tres fueron aprobados, uno está en curso y los cuatro envolatados son los que no les convienen. Los gremios también son actores importantes. Colombia tiene que defender su estabilidad económica pues es la base de los ingresos que se necesitan para realizar la inversión social que se pide.

La presencia de la academia es clave para tomar decisiones con base en conocimiento. ¿Hasta cuándo conversamos? El 15 de marzo es un término que permite desarrollar los puntos presentados. Son muchas las “exigencias” de los promotores del paro. La nuestra es conversar con todos, con tiempo y sin intransigencia. Evadir el diálogo incluyente confirmaría la teoría de que los intereses de los promotores no son tan “altruistas” como sus seguidores creen.

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