La visita de la CPI

Que se encuentre en Colombia una delegación de la Corte Penal Internacional debe entenderse como un nuevo mensaje acerca de la obligación que tiene el país de respetar integralmente el estatuto de Roma. Y eso implica que la justicia investigue y juzgue a los autores de los delitos contemplados en dicho instrumento. Si no lo hace, actuará la CPI.

Así de claras son las cosas, habida cuenta de las obligaciones que aceptó asumir el país cuando se sumó a la lista de naciones que se comprometieron a combatir la impunidad.

Es natural que ahora se esté dando una gran discusión pública acerca del alcance de ese compromiso, a la luz de las conversaciones con las Farc, los antecedentes en procesos que han tenido éxito en el pasado y el hecho de que el mundo se encuentra, todavía, en un proceso de construcción del marco que permita hacer la paz sin sacrificar la justicia.

Hemos asistido estos días a una controversia entre el Procurador y el Fiscal acerca del impacto del convenio de Roma sobre la posibilidad de hacer concesiones jurídicas y políticas a los desmovilizados de las Farc.

La presencia de los delegados de la CPI debe servir para hacer aún mayor claridad con respecto a los deberes que tiene la justicia nacional de cara a los autores de los delitos de genocidio, lesa humanidad, agresión y de guerra.

La Corte le está haciendo un seguimiento a la actuación de nuestras autoridades en la materia señalada a fin de definir su paso siguiente.

En las circunstancias actuales, no vacilo en afirmar que, solamente si se demuestran avances reales en la investigación y juzgamiento de los autores de delitos  contemplados en el tratado de Roma, y no se comete el error de aceptar la impunidad para firmar algo en La Habana, será posible evitar que ejerza su jurisdicción en Colombia la Corte Penal Internacional.

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