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La salud de los vallecaucanos en riesgo

Víctor Manuel Salcedo

¿Qué pensar del gobierno potencia de la vida que demora pagos al sistema de salud, poniendo en riesgo la vida de los pacientes?

Para nadie es secreto que desde su llegada al poder Gustavo Petro se empeñó en acabar con el sistema de salud y lo está logrando, de una forma sencilla pero temeraria, demorando los pagos que desde el gobierno nacional se tienen que hacer a las EPS, el asunto es tan grave que la Corte Constitucional tuvo que intervenir y ordenar al Ministerio de salud que desembolsara los recursos a las EPS.

En el caso del Valle del Cauca por conceptos de presupuestos máximos a la EPS Emssanar el gobierno nacional le adeuda ochenta y dos mil doscientos noventa y dos millones novecientos treinta y ocho mil ciento treinta pesos, $82.292.938.130.

Dinero que no se ha girado en su totalidad ni siquiera teniendo el gobierno nacional el control de la EPS Emssanar, ni mucho menos bajo la modalidad de giro directo, que en su discurso del 20 de julio en la instalación de las sesiones del Congreso, el Presidente Petro destacó como gran logro, incluso dijo que el giro directo es el mayor reactivador económico en Colombia, lo cierto es que la realidad dista mucho de parecerse a lo que indica el primer mandatario.

Vale la pena recordar que los presupuestos máximos representan el costo de todos aquellos servicios no incluidos en los valores de la UPC, pero que tienen que ser pagados, pues desde el médico tratante hasta las personas que trabajan en servicios generales en clínicas y hospitales, reciben un sueldo y ese sueldo se paga con el dinero que el gobierno nacional gira a las EPS, también se pagan la compra de medicamentos, insumos y tecnologías necesarias para atención en salud y cuando el gobierno no gira los recursos a tiempo el sistema colapsa.

Es aquí donde las reflexiones sobre derechos fundamentales cobran relevancia pues todo indica que para el actual gobierno el derecho fundamental a la salud se pervierte si en los servicios de salud participan los privados, pero se magnifica si y sólo si el Estado tiene el control absoluto, dirigiendo la discusión no en donde debería estar que es en la garantía efectiva, real y continua del derecho, sino al campo de la ideología política que para el caso del gobierno potencia de la vida significa solo una cosa: estatizar, así toque sacrificar pago oportuno al Talento Humano en Salud, así toque sacrificar calidad en atención, así toque cerrar servicios médicos y hospitalarios por quiebra económica derivada del no pago, entre otros muchos sacrificios en nombre de la pureza ideológica de la estatización y no en nombre de garantizar derechos fundamentales como la salud y la vida.

En comunicación oficial de la Gobernación del Valle del Cauca se indica que como resultado de las medidas de intervención aplicadas a las EPS del Departamento del Valle, por parte del gobierno nacional, el 65% de la población del Departamento (3 millones de habitantes) están afiliados a las EPS intervenidas y podrán verse afectados en el corto y mediano plazo, también se menciona que la deuda a las EPS del Valle asciende a dos billones de pesos, haciendo inviable la operación de prestadores que se enfrentarán al cierre de servicios y en algunos casos a la quiebra.

El gobierno nacional ha hecho uso de sus facultades de intervención forzosa de EPS, teniendo la oportunidad de demostrar que su idea de sistema estatizado es el indicado pero lo que ha demostrado es que los indicadores no mejoran, en las EPS intervenidas, como lo afirmó el defensor del pueblo el pasado mes de abril.

También es muy evidente la situación de Nueva EPS, la EPS más grande del país controlada totalmente por el gobierno nacional pues según informe de la asociación de clínicas y hospitales es la EPS más deudora con valores aproximados de $2.8 billones de pesos.

La justicia social pilar programático del gobierno del cambio, queda totalmente desvirtuada cuando en el Departamento del Valle o en todas las regiones del país, se conocen noticias de trabajadores de la salud que llevan meses sin recibir sueldo, de pacientes que ven interrumpidos sus tratamientos, de servicios como pediatría que se cierran, todo por demora en los pagos que tiene que hacer el gobierno nacional pero que no los hace a tiempo.

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