La protección a líderes sociales no da espera

Dilian Francisca Toro Torres

Proteger la vida de los líderes y lideresas sociales, así como de los defensores de los derechos humanos, es una tarea inaplazable que tenemos en Colombia.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo hasta septiembre de este año se había registrado el asesinato de 157 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en el país, superando los 109 casos ocurridos en el mismo periodo de 2021.

Entre tanto, la Fundación Indepaz señala que hasta lo corrido del mes de noviembre de este año ya son 162 las víctimas mortales.

Quienes hemos trabajado junto a los líderes, sabemos el papel que cumplen en sus comunidades, su vocación y entrega y cómo ellos juegan un rol importante en la articulación de los planes de desarrollo de una región. De ahí la urgencia de protegerlos con una política pública integral.

Es por ello que La U presentó en el Congreso de la República el proyecto de ley ‘Protección de líderes sociales’, que busca reconocer y fortalecer los mecanismos comunitarios como garantía de protección y defensa de la vida y los derechos de los líderes y lideresas sociales, pero también de los dirigentes, representantes y activistas de organizaciones sociales, populares, étnicas, campesinas, de mujeres, de género, ambientales, comunales, de los sectores Lgbti y defensoras de derechos humanos, bajo un enfoque territorial.

El proyecto de ley busca que sean reconocidos los mecanismos comunitarios no violentos. Es decir, a aquellos que sin recurrir a la violencia, por costumbre o de manera colectiva, han acordado desde las organizaciones comunitarias, étnicas y municipales de protección, para preservar la vida de sus miembros y líderes representativos, frente a quienes amenazan sus vidas y vulneran sus derechos.

Estos mecanismos acompañarán el diseño, implementación y financiación de los Planes de Protección Comunitaria y a Líderes Sociales y estarán financiados directamente por el Presupuesto General de la Nación y las Entidades Territoriales, en tanto que la administración de dichos recursos quedaría a cargo de la Defensoría del Pueblo.

Otro aspecto importante de esta iniciativa es que dentro del enfoque territorial, crea la Delegación Especializada en Protección Comunitaria y Líderes Sociales, la cual quedará a cargo del Sistema de Alertas Tempranas, SAT.

Además, propone la creación de una unidad especializada en el Ministerio del Interior para acompañar a la Defensoría y las autoridades locales en la coordinación de las respuestas rápidas a las alertas tempranas – Ciprat y en el seguimiento a la implementación y desarrollo de los Planes de Protección Comunitaria y a Líderes Sociales.

El proyecto de ley también plantea la apertura de espacios de formación para fortalecer los mecanismos de protección de DDHH, así como para la difusión en la radio y televisión pública, con el fin de revertir la estigmatización hacia los liderazgos sociales.

En mi opinión es importante un acompañamiento institucional a los líderes sociales, tanto desde la esfera nacional como local. Ese ha sido un compromiso fundamental a lo largo de mi trayectoria política y social. Por eso, durante mi gestión en la Gobernación del Valle del Cauca creamos la primera Secretaría de Paz en el país, pero además vinculamos a los líderes de la región a la Mesa de Paz, para articular su labor con los planes de desarrollo y tener una interlocución directa con ellos.

Ahora, con este proyecto de ley, que es el resultado del diálogo que hemos sostenido desde La U con los líderes y lideresas sociales en las regiones del país, queremos actuar para dar respuesta a lo que es un clamor nacional, acabar con la persecución y asesinatos de quienes trabajan por el bienestar de sus comunidades.

La protección a los líderes sociales no da espera. Es hora de apostar a lo bueno de la Colombia que viene. A que trabajemos unidos en la construcción de un país más incluyente, justo, próspero y en paz.