Todas las normas que han buscado solucionar el conflicto, expedidas hasta hoy por congresos y gobiernos anteriores (leyes y decretos), no han sido suficientes, ni las leyes de orden público, ni el derecho de excepción de estados de sitio o conmoción interior, o se ha fracasado por los enemigos agazapados. El derecho para la paz es necesario para llegar a ella, pero no copa todo.

En Colombia el gran problema no es la falta de normas, es que no se cumplen y las que se requieren para atacar de fondo las problemáticas, no se expiden. O las torpedean. La implementación de los acuerdos de paz tramitados en La Habana fueron saboteados.

El problema central estriba en la prohibición de la cocaína. Mientras no se legalice la producción (como se hizo con el tabaco en la colonia, con el whisky en EE.UU. y con otras sustancias, la marihuana en Uruguay y otros estados), seguirá la guerra y la violencia multiplicada, metamorfoseada y expandida en las ciudades.

Todos los cálculos de Colombia para marchar hacia el progreso se ven truncados por la no terminación real del conflicto armado. No solo por las ingentes sumas de dinero para enfrentar la guerra interna con el ELN, con las disidencias de las Farc y ahora con el rearme de miembros del secretariado (Márquez, Santrich), sino también por la desinstitucionalización que crea al tener vastas zonas rurales en guerra con paramilitares, bacrim y mafias armadas espantando al campesinado.

Los procesos de paz mal llevados quedan mal concluidos y los actores armados desmovilizados vuelven a rearmarse. La reinserción debe brindar garantías para no ser hostigados después, estigmatizados ni perseguidos, pudiéndose llegar a la normalización.

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