La CPI, cada vez más cerca

Tengo el mayor respeto por la Corte Constitucional. De hecho, voté a favor de su creación en la asamblea nacional constituyente de 1991.

Esperaba, por lo tanto, que su decisión respecto a la conformidad o no con la Carta fundamental del marco para la paz fuera vista como la oportunidad de sentar doctrina sobre los límites reales de las concesiones jurídicas que pueden hacerse a los desmovilizados de grupos armados ilegales. Desafortunadamente, no fue eso lo que sucedió.

El contenido del boletín de prensa por medio del cual se anunció la declaratoria de exequibilidad del acto legislativo 01 de 2012 da cuenta de ambigüedades que pueden tener consecuencias fácilmente previsibles.

La Corte preceptuó que, para alcanzar la paz, mecanismos como la selección y priorización de casos, al igual que la renuncia condicionada a la persecución penal y la suspensión condicional a la ejecución de la pena son conformes a la Constitución.

Y buscó dejar a salvo su posición frente a las obligaciones internacionales del Estado, señalando al Congreso el deber de respetar los compromisos adquiridos en materia de investigación y juzgamiento contemplados en el Estatuto de Roma.

Habrá que esperar la providencia, pero lo que se conoce no permite entender que se declaren exequibles los mecanismos mencionados.

Tampoco es comprensible que se considere ajustado a las normas de los instrumentos internacionales vigentes la aplicación especial de reglas de juzgamiento a los autores de los delitos más graves, como si fuera posible flexibilizar los convenios internacionales obligatorios mediante decisiones de cortes nacionales.

Si no se respeta el Estatuto de Roma integralmente, podría ejercer su competencia en Colombia la Corte Penal Internacional.

Dicha actuación está cada día más cerca. Es bueno que todos estén advertidos.

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