Nada más arbitrario e injusto que imponer gravámenes a las pensiones con un nuevo impuesto al “ingreso sagrado” de quienes tanto han luchado por una pensión de jubilación. Ella es el resultado del esfuerzo permanente del ahorro para garantizar los ingresos del futuro, que no pueden ser vulnerados por un Estado cada vez más alcabalero.

Está equivocado el señor presidente Duque cuando afirma que una “megapensión” es aquella de $7.000.000, con el argumento ambiguo de que la mayoría de las pensiones están por debajo de los $4.000.000. No se pueden considerar “altos” estos valores con una devaluación permanente que afecta directamente a la clase media, que es el soporte de la economía nacional, para tapar el hueco fiscal, que deben realmente asumir los grandes capitales a partir de impuestos progresivos y proporcionales.

Si bien es cierto que más del 80% de las pensiones están entre 1 y 3 salarios mínimos también lo es que una de siete no puede considerarse un gran capital, porque en su gran mayoría sólo perciben este ingreso para el sostenimiento de todo un entorno familiar. En Colombia actualmente existen 1.3 millones de pensionados, mientras que 6.7 millones están afiliados al sistema pensional con la incertidumbre de otra reforma, de los cuáles 346.775 son servidores públicos, 5.3 millones pertenecen al privado y un millón son independientes; en contraste con los 14 millones que no tienen ningún tipo de amparo para la vejez. El Congreso no puede gravar las pensiones porque, en este caso, hay una relación inversa entre la tasa tributaria y la capacidad de pago de los pensionados que no resisten un impuesto adicional.

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