Gobierno versus legisladores: qué pulso más interesante entre un Presidente reformador y unos congresistas que se resisten al cambio. Jamás hubo una pugna parecida.

El actual panorama es nuevo y hace dudar sobre quién manda en Colombia: ¿el ejecutivo?, ¿los legisladores? ¿los gremios económicos? o ¿los gamonales de la politiquería? Jamás imaginamos que llegaría el día en que nuestra democracia se reduciría a la obediencia legislativa y no al libre albedrio de los parlamentarios que deban representar al pueblo.

En el pasado tambien imperaron los intereses particulares, blindados con las nuevas leyes aprobadas a pupitrazo limpio.

Así, hace tres décadas reformaron el Código Laboral y el sistema de salud. Fueron realidades adversas inquebrantables porque había una oposición minúscula.

El Frente Nacional engendró: gamonalismo, demagogia, clientelismo, repartición de puestos oficiales y hasta compra de votos.

Esas costumbres permitieron dos reformas sociales que socavaron los derechos laborales: los recargos nocturnos, las horas extras, las cesantías y la estabilidad.

De la privatización del Estado se pasó a la corrupción, entonces el pueblo empezó a adquirir conciencia política y a respaldar a los partidos alternativos.

La Ley 50 de 1990 (laboral) y Ley 100 de 1993 (seguridad), fueron aprobadas con letra menuda para que el pueblo no percibiera las oscuras intenciones.

Las EPS privadas, no son otra cosa que unas entidades intermediadoras sin control, que al no pagar oportunamente a las clínicas los dineros aportados por los trabajadores para recibir el servicio de protección de su salud, retardan las urgencias, las hospitalizaciones, los exámenes de laboratorio, las cirugías y las citas con especialistas.

Las EPS privadas debilitaron el sistema de salud y pauperizaron a los médicos y demás profesionales.

Ahora, el proyecto de reforma a la salud presentado por la ministra Carolina Corcho, que propone coexistan EPS públicas y las privadas, hace que aparezcan en los medios masivos los “defensores de la salud del pueblo”, pretendiendo hacernos olvidar una verdad a puño que por tres décadas nos lesionó a los pacientes.

Sin esgrimir argumentos válidos, optan por descalificar a la ministra, tildándole de arrogante y proponente de una reforma ideologizada. Con epítetos pretenden generar desconfianza y antipatía contra ella y la ministra del trabajo, porque quieren atajar cualquier reforma que favorezca al pueblo.

Para los opositores ninguno de los proyectos de reforma será aceptado, porque quieren que las cosas sigan iguales.

Reforma ideologizada sí fue la aprobada por la Ley 100 de 1993 porque estuvo fundamentada con la ideología neoliberal privatizadora, que deformó la esencia del Estado: un contrato social en pro del bienestar colectivo.

Cuando la ministra del trabajo Gloria Inés Ramírez, anuncia otro proyecto para devolver derechos arrebatados hace tres décadas a los trabajadores, los opositores la califican de reforma nefasta que “extinguirá el empleo”.

Pretenden hacernos olvidar que la Ley 50 de 1990, aprobada para abrir más fuentes de empleo, lo único que ocasionó fue la pauperización de los antiguos trabajadores.

Es inaudito que mientras los congresistas rechazan la reforma laboral dignificante, la Organización Internacional del Trabajo sí le da su espaldarazo. ¿Quién gobierna? Nos lo dirá el resultado del pulso.

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