En Cali no se puede aceptar una cultura de invasiones, defender los predios públicos y privados de estas ocupaciones, es un acto esencial de defensa de la legalidad y del interés general.

No se puede desconocer que detrás de este fenómeno hay un drama humano: en Cali tenemos un déficit cuantitativo de 95.416 hogares sin vivienda y un déficit cualitativo de 22.530 hogares, es decir, familias que viven en viviendas inadecuadas. En este contexto, la capital del Valle del Cauca tiene un desafío enorme frente a la necesidad de vivienda de muchas familias caleñas, problemática que se acentúa por la condición de Cali como ciudad receptora de población desplazada por la violencia y, más recientemente, de población migrante.

Esa necesidad ciudadana no debe traducirse en caos, desgobierno y descontrol, la ciudad necesita crecer organizadamente, planificar el uso del suelo, formular planes parciales que contengan vías y servicios públicos y reducir el impacto ambiental del desarrollo urbano. Las invasiones van en contra de este propósito y es un despropósito, también, tener a tantas familias sin vivienda digna.

La ocupación ilegal e inadecuada de predios públicos o de interés público constituyen un riesgo y también un obstáculo para el desarrollo urbano. Es así como las invasiones sobre el separador de la Calle 25 o del antiguo corredor férreo se convierten en una problemática que debemos resolver ya y así evitar, a futuro, una talanquera mayor para el desarrollo del Corredor Verde y en el tan anhelado tren de cercanías.

Las invasiones no deben ser el camino para resolver la aspiración de techo digno y no es aceptable que el Estado permita que sus ciudadanos se asienten de manera irregular, a veces, incluso, poniendo en riesgo sus vidas. Existen organizaciones dedicadas a inducir a que personas necesitadas invadan y con su actuar delictivo constituyen una amenaza para esas familias y para el desarrollo urbano de Cali. Pasa en zonas como La Viga, en Los Cristales y en el cerro de Las Tres Cruces, entre otros sectores. Todos estos son terrenos importantes para desarrollos urbanísticos ordenados o son reservas ambientales y que se convierten de forma irregular en “propiedad privada”.

La Unidad de Reacción Contra Invasiones, creada en el Gobierno Armitage, desmanteló 235 asentamientos informales, y el gobierno de Jorge Iván Ospina decidió continuar con este grupo, estratégico para el control de las invasiones y la protección de los ecosistemas que estos asentamientos ponen en riesgo. La Administración debe mantener con contundencia el monitoreo de los terrenos de la ciudad y tener robustecida a esta Unidad para atender las denuncias sobre invasiones y reaccionar de forma oportuna.

La Alcaldía y las autoridades de Policía deben establecer políticas claras para los procedimientos de desalojo que garanticen los derechos fundamentales de las personas, entendiendo que detrás de una invasión no solo hay manos inescrupulosas sino un drama humano sin resolver. No se puede ver como normal que se invadan terrenos, que se pongan en riesgo los ecosistemas, y que se atente contra la propiedad privada y los bienes públicos necesarios para el desarrollo urbano, pero tampoco que existan familias sin vivienda digna. Es imperioso avanzar en políticas, con ayuda del Gobierno Nacional, que garanticen acceso a vivienda a las miles de familias sin hogar que hay en Cali.

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