Ese fue el compromiso adoptado la semana pasada por el sector privado en la Asamblea Nacional de la Andi. Los empresarios analizaron la crítica situación por el flagelo de la corrupción que permeó todos los sectores.

Investigaciones de entidades de control revelan que la corrupción contribuyó a que el déficit fiscal en Colombia el año pasado fuera de $23,81 billones. También la deuda del sector público llegó a $516,59 billones, lo que representa el 56,6% del Producto Interno Bruto.

Es importante la voluntad de los empresarios para adelantar acciones tendientes a combatir la corrupción porque la responsabilidad es de todos, de quien recibe y quien ofrece, quien se queda con los dineros del Estado y el que guarda silencio al conocer sobre esas irregularidades.

Se necesita de un frente común para acabar con el mal, no solo de los industriales, la voluntad del gobierno, la justicia, los organismos de control y la clase política es fundamental.

En mora estamos de masificar una campaña educativa por la transparencia, generar la cultura de respeto por lo público, concientizando que los bienes del Estado son de todos. El respeto por los recursos oficiales tiene que promoverse desde el más pequeño de los cargos y contratos, porque allí también se reparten comisiones, hasta las millonarias contrataciones que generan los grandes desfalcos.

Los anuncios del Gobierno, de empresarios, de la clase política y entes de control de hacer una lucha sin tregua contra la corrupción no se pueden quedar en buenos deseos, si no pasamos a la acción, evitando el desangre de las finanzas y recuperando los dineros perdidos, tendremos que pagar ese déficit con mayores cargas impositivas.

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