#EnDefensaDelCrédito

Iván Cancino

Recientemente vio la luz una Ley denominada “borrón y cuenta nueva”, muchas personas han hablado de las maravillas de esta norma por lo llamativo de su nombre y basados en los pocos motivos que salieron a la luz pública sobre la misma. Sin embargo, como lo ha manifestado el representante Gabriel Santos y otros sectores del país, como Fedesarrollo, esta ley tiene un gran problema.

Veamos: No es un golpe a los bancos. Al imponer requisitos nuevos o específicos a los bancos para otorgar créditos, y en especial microcréditos, harán que no se otorguen a quien los necesita, porque quien los otorga no los ofrecería a esta población por falta de garantías. De igual forma, pueden ser créditos muy costosos que beneficiarían solo a personas con solvencia económica muy fuerte, apagando el desarrollo de las pequeñas, medianas y microempresas del país.

Esta ley parece va a ser, sin traer alivios interesantes como eliminar el cobro por conocer la información propia en las centrales de riesgo, la amnistía para ser eliminados de las listas de deudores, si se ponen al día dentro de los 12 primeros meses posteriores a su promulgación y para aquellos que antes ya lo habían hecho.

Así mismo, como factor a favor, la ley impone la obligación de avisar o informar al deudor al menos dos veces antes de incluirlo en la lista “negra” si la deuda es inferior a $131.000 (muchas personas tienen deudas por olvido o por sumas irrisorias como 1000 o 2000 pesos, pero por ellas dejaron de ser tenidas en cuenta para créditos necesarios para su desarrollo personal, familiar o empresarial). Para deudas mayores se debe avisar siquiera una vez antes de verse inmerso en un reporte negativo.

Para Luis Fernando Mejía presidente de Fedesarrollo afectar la información financiera para estudiar los créditos, puede cambiar los mismos y encarecerlos.

En fin, ninguna norma es perfecta, pero lo que si esperamos es que esta ley en últimas no vaya a tener las consecuencias advertidas por Santos y Mejía, en el sentido de aliviar la inclusión en listas o reportes de deudores morosos, pero afectar aún más el acceso a créditos necesarios para sectores de la sociedad y, sobretodo, después de esta pandemia donde se necesitará reactivar la economía.

Por último, ojalá el Congreso también entienda que la libertad de empresa, que la autonomía financiera, deben tener alguna ayuda desde el legislativo, interviniendo, sino lo hacen las entidades u organismos competentes, vía ley una rebaja, topes o reglas más claras para los intereses en los créditos hipotecarios, de educación o para MiPyMes.

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