Estos últimos días el país se ha “escandalizado” por las declaraciones del gobierno acerca de tres puntos específicos: el informe de la ONU sobre derechos humanos en Colombia, una decisión de la JEP sobre la amnistía a la “Mata Hari” y las declaraciones de la Ministra del Interior sobre homicidios en el país.

Veamos: el informe de la ONU para mí no es tan grave, ya que reconoce avances y logros del presidente Duque y no reconoce al ELN como actor del conflicto y, por el contrario, lo señala como uno de los principales responsables de la violencia en nuestro país. Sin embargo, se quedó corto en reconocer el manejo y cifras de los PDET y nada dice sobre la pésima labor que ha cumplido la JEP hasta el momento, sobre sus resultados escasos y parcializados.

Un árbitro, que dice ser la ONU, no puede juzgar con un rasero alto la labor de Iván Duque sacándole la tarjeta amarilla y haciéndose el de la vista gorda, sin siquiera con una sacada de lengua, a la JEP y sus pocos resultados.

Con esto llegamos al segundo punto: profirió la JEP una decisión de darle amnistía a Marilú Ramirez, conocida como la “Mata Hari”, delincuente peligrosa que fue vital para que las FARC pudieran realizar el ataque terrorista a la Escuela Superior de Guerra en 2006 dejando 23 heridos de gravedad.

Las amnistías e indultos están desarrollados en la Ley 1820 del 2016 y otras normativas de diverso rango, pero requieren verdad y satisfacción de las víctimas, entre otros. ¿El ataque terrorista de 2006 es propio de amnistías e indultos? Por supuesto que NO.

Lo más preocupante de esta amnistía es que “Mata Hari” como invitada en un programa de redes sociales manifestó que arrepentirse NO sería consecuente con su labor dentro de las FARC, es decir, no mostró ni arrepentimiento ni pidió perdón ni reparó a sus víctimas, todo lo contrario a lo que se debió considerar para el sometimiento a la JEP. Esta frase dicha en vivo sería suficiente para no otorgarle beneficio alguno y ser excluida del trámite de la jurisdicción especial, pero nuestra justicia premia a los terroristas.

Esta falta de arrepentimiento es la que hace que no crea en la JEP, esta falta de contundencia en el trámite de beneficios, indultos, amnistías o similares es la que permite que los otrora delincuentes de lesa humanidad de las Farc se sigan burlando del país, que el partido político lleve el nombre que usaban como delincuentes, que sigan usando los alias con los que violaron derechos y que sigan recordando a “Raúl Reyes” o a “Iván Ríos” como rebeldes y rindiéndoles homenajes como si no fueran grandes violadores de derechos humanos. ¿cuál verdad?, ¿cuál justicia? y ¿cuál reparación? NINGUNA.

Podemos terminar diciendo que las declaraciones de la Ministra tratan de visibilizar el interés del Gobierno por prevenir y alejar la impunidad de todos los crímenes que se comenten en Colombia, no como se quiso mostrar, disminuir o rebajar la importancia y lo grave de los delitos cometidos contra los líderes sociales, dicho sea de paso, ojalá que la Fiscalía termine rápido las investigaciones que involucran muertes de líderes sociales y pueda establecer cuántas de ellas están relacionadas con su labor de defensa de derechos y cuántas no, de todas maneras dejando claro que la vida es sagrada y debe ser protegida ante cualquier amenaza.

Comments