A pesar del proceso de paz con las Farc, que buscaba acabar con el principal foco de violencia en muchas regiones, la realidad es que hoy los grupos de delincuencia están librando una guerra brutal para obtener el control de extensos territorios.

De los movimientos de bandas al margen de la ley no se escapa el sistema electoral, por eso las advertencias sobre el riesgo que existe en las próximas elecciones regionales, cuando podrían llegar a los cargos de dignatarios de municipios y gobernaciones personas apoyadas por organizaciones armadas ilegítimas, contexto que no es nuevo, pero ahora existe una condición especial por la proliferación de estructuras de delincuencia sin un mando centralizado.

 La dificultad de los organismos de seguridad para controlar la situación está relacionada con el número de votaciones, la Registraduría reportó 3.306 a realizarse el 27 de octubre. Propuestas planteadas con anterioridad podrían dar transparencia al ejercicio democrático, como la implementación del voto electrónico, incorporado a la legislación colombiana en 2004 y 2011, que aún no es una realidad por falta de presupuesto.

Otra de las medidas para evitar la suplantación es incorporar la huella digital a la firma que se debe hacer al momento de votar.

El Consejo Nacional Electoral emitió una resolución en ese sentido, pero nuevamente los recursos y problemas logísticos dificultarán que se aplique. Todo parece indicar que habrá que apelar al buen juicio y compromiso de los ciudadanos para que no se dejen tentar ni caigan en las reiteradas prácticas fraudulentas, para ello hay que tener en cuenta que inscribir la cédula para votar en un lugar distinto al de residencia se penaliza con prisión de 4 a 9 años.

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