El uso de las UCI en medio de la emergencia ha desatado un nuevo debate en torno al “negocio” de la salud en nuestro país. Lo cierto es que lo que hoy vemos es producto de la Ley 100 y es el modelo que nos rige desde 1993. Esta ley, creada en el gobierno de César Gaviria e implementada en el de Ernesto Samper, desnaturalizó la relación entre el médico y el paciente, creando una relación comercial regida por las EPS y las IPS. Un sistema que puso en el medio múltiples intermediarios originando sobrecostos y posibilitando infinidad de torcidos.

Un mecanismo que además permite que el Estado recaude los aportes de los ciudadanos y no los gire de manera oportuna a los prestadores, manteniéndolos siempre al borde de la quiebra. ¿Cómo se relaciona esto con los manejos de las UCI? Pues la “bien intencionada” Ley 100 puso valores con diferencias abismales a los diferentes servicios. Mientras que un parto, una atención pediátrica o una noche de hospitalización tradicional las considera de bajo costo y las paga a valores irrisorios, una noche en UCI se paga a precios astronómicos.

Desde ese entonces se cerraron las salas de parto y de pediatría y se montaron rimbombantes UCI. UCI que deben mantenerse ocupadas para que “facturen”. ¡Esa es la lógica! ¿No les ha pasado que algún pariente termina en UCI por si se complica? Esta situación explica porqué Colombia ha sido tan “eficiente” en el camino de duplicar la capacidad de UCI en lugar de multiplicar las pruebas para mejorar los cercos epidemiológicos. Porque lo primero es una “inversión”. Lo segundo es un gasto.

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