Los recientes acontecimientos en torno a la elección del rector de la Universidad Nacional de Colombia son de una trascendencia inmensa para los colombianos. Algunos pueden pensar que la elección de un rector es un asunto interno, sin relevancia para el público en general.

El problema radica en la intervención inapropiada del gobierno nacional en los procesos internos de la universidad. Las universidades públicas son instituciones autónomas.

Esta autonomía es tan exigida que incluso la Policía no puede entrar en sus campus aún durante disturbios. La elección de los rectores se rige por procedimientos internos gestionados por sus Consejos Superiores.

Al ignorar estos procedimientos, el gobierno nacional no solo ha excedido sus límites, sino que también ha respaldado el uso de la fuerza a través de sus decretos.

Esta interferencia es similar a un golpe de Estado a pequeña escala, mostrando un flagrante desprecio por las autoridades y regulaciones de la universidad. Es una acción autoritaria que exige condena social.

La secuencia de hechos es preocupante: una elección de rector, el desconocimiento del gobierno nacional de la decisión, disturbios de los estudiantes y decretos presidenciales emitiendo órdenes más allá de su competencia. Este comportamiento solo puede describirse como autoritario.

Es crucial que el gobierno reconsidere su postura y permita que la Universidad Nacional resuelva sus problemas sin interferencias indebidas, siguiendo el debido proceso y respetando a las autoridades competentes.

La autonomía de nuestras instituciones es un pilar de nuestra democracia. Permitir esta violación sienta un precedente peligroso. Es esencial que exijamos que la Universidad Nacional maneje sus asuntos de manera interna, libre de coerción externa, asegurando la preservación de su autonomía y los principios democráticos que sostiene.

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