Durante la pandemia, además de los efectos nocivos que tuvo la Ley 100 de 1993 en la salud, lo que más se evidenció fue el estado de postración de la educación pública, con obstáculos para el retorno por el hacinamiento y la falta de medidas de bioseguridad en los colegios. Esa falta de atención presupuestal por parte del Estado, ahora pretenden cargársela a la familia. El Objeto del proyecto de “Ley Hommeschool: Educación en Casa”, de la senadora Emma Claudia Castellanos y la representante Ángela Patricia Sánchez, coautoras, tiene un fondo inicuo y de aprobarse sería un vergonzante retroceso histórico.

La pandemia obligó a los padres a asumir el rol de tutores convirtiendo en caos la paz familiar. En la República los gobiernos entendieron que la razón de ser del Estado es garantizar la educación como bien común fundando colegios, y así, con todos sus defectos y precariedad presupuestal asumían su deber. Este proyecto es elitista y contraproducente, el confinamiento en casa demostró que la falta de socialización en espacios escolares afecta la salud mental de los niños.

La educación de sus primeros años de desarrollo humano comienza en familia, pero después, es función social del Estado. Negarles la escuela es coartarles el derecho a gozar de una educación de calidad. En vez de citar el artículo 68 constitucional de que “los padres tienen derecho a escoger la clase de educación para sus hijos”, que mejor escriban en el proyecto: “para que los padres hagan lo que puedan”. Claudia y Ángela olvidaron que fue en el colegio donde ellas aprendieron liderazgo.

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