Septiembre, por mandato legal, estará dedicado al patrimonio nacional. En la página de presentación de una cartilla de la Procuraduría General de la Nación, leemos que Colombia es considerada como país pionero en América en la defensa y conservación del patrimonio público, en cuanto a normatividad y compromiso del Estado.

La Ley 397 de 1997, determina que el patrimonio cultural de la Nación está representado por todos los bienes y valores culturales que sean expresión de la nacionalidad, tales como, las tradiciones, los bienes materiales e inmateriales, muebles e inmuebles, que posean interés histórico, artístico, lingüístico, fílmico, científico y bibliográfico.

Pero nos ha faltado conciencia en la defensa del patrimonio público, fenómeno evidenciado desde que se cometieron las demoliciones de joyas arquitectónicas y se transformó el paisaje colonial de la ciudad.

Y, desde que   proyectos privados de vivienda o de obras públicas, incluyeron la tala de árboles, la desaparición de los humedales y el agotamiento de los recursos hídricos que en otrora nos permitieron vivir en la paradisiaca ciudad de los siete ríos.

La demolición del hotel Alférez Real, en 1972, fue el mayor atentado contra nuestro patrimonio arquitectónico.

La acción devastadora   continuó contra el paisaje urbano ancestral de los barrios San Antonio y La Merced, admitida en varios planes de ordenamiento territorial, siendo relevado por locales y edificios.

Aplaudamos que el grito de un eficiente funcionario evitó la desconfiguración total del antiguo convento en el parque El Peñón.

Salvaremos el espacio público urbano y nuestro patrimonio, si fundamentamos a los niños y en un futuro próximo elegimos alcaldes y concejales con conciencia patrimonial.

Comments