No quiero ser reiterativo frente a los problemas que aquejan a la ciudadanía, pero no puedo cerrar los ojos ante las decenas de correos que recibo semanalmente sobre la sensación de inseguridad.

No quiero ser apocalíptico ni hacer una campaña de terror, pero sí llamar la atención de las autoridades para que se adopten acciones contundentes contra la delincuencia y se implemente una verdadera política criminal.

La situación es tan crítica que el Instituto de Medicina Legal reportó que en el 2017 se presentaron 10.870 homicidios, la mayoría de ellos, 5.950, fueron cometidos en vía pública, por eso se requiere actuar con un plan estratégico para fortalecer la Policía Nacional.

Una estrategia de seguridad incluye todo el territorio nacional, sin embargo hay regiones que llaman la atención por sus altos índices de criminalidad y allí la Fuerza Pública tiene la responsabilidad de desarrollar un trabajo más dedicado. De los homicidios registrados en el 2017, se destaca que 2.262 fueron perpetrados en el Valle del Cauca, 1.802 en Antioquia y 1.150 en Bogotá.

La política criminal tiene que estar acompañada de la judicialización efectiva de los responsables de ejecutar los ilícitos, para evitar casos recurrentes de actos ilegales cometidos por personas que reinciden. A la Fuerza Pública hay que dotarla de tecnología como drones, incremento de cámaras y seguimiento satelital.

Tenemos que hacer eco en exigir a nuestras autoridades mayores gestiones en ese sentido y a la vez asumir el compromiso de ser solidarios, de denunciar cualquier irregularidad de la que seamos testigos, porque no podemos quedarnos inermes mientras la delincuencia se apodera de las calles.

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