Recibí un comentario a mi pasada columna en la que traté el tema de la corrupción del gobierno. “El problema de la corrupción es un tema generalizado y debe ser tratarlo de forma integral” me replicaron.

El comentario me hizo reflexionar. Es verdad que existe una corrupción generalizada: desde el político que se roba un contrato millonario, el contratista privado que soborna a un funcionario y también el ciudadano común que no pide factura para ahorrarse el IVA.

Sí, es cierto: la corrupción no es exclusiva del Estado, está presente en todos los niveles de la vida social y se ha convertido en un mal cultural; pero de ahí a concluir que todos somos igualmente responsables hay un mar de diferencia.

La razón es evidente: no toda corrupción pesa igual. Nunca será lo mismo que un ciudadano evada un pequeño impuesto que un político se apropie de recursos destinados a un hospital, educación o infraestructura.

El ciudadano evasor afecta, sí, pero de manera limitada; el político corrupto, por el contrario, condena a millones y perpetúa la pobreza.

A lo anterior se suma el hecho de que la mayor responsabilidad en materia de corrupción recae en el Estado porque administra recursos públicos y porque tiene, además, la obligación moral y legal de ser ejemplar.

Cuando los que gobiernan toleran y protagonizan la corrupción, envían un mensaje devastador: que la trampa es regla, y no excepción. ¡El mal ejemplo desde arriba legitima la corrupción de abajo!

La conclusión es clara: mientras no se dé el ejemplo en materia de corrupción desde arriba, iluso es esperar que se dé un cambio desde abajo.

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