Se ha consolidado el resultado de la consulta anticorrupción celebrada el pasado domingo y allí hubo un mandato ciudadano en favor de normas; decisiones que deben consensuar el Gobierno Nacional y la clase política colombiana.

Y a los sectores empresarial y social también les cabe la decisión del constituyente primario, que no tiene fuerza legal, pero sí un claro precepto constitucional.

Pero los promotores de la consulta deben ser consistentes que nunca se pusieron en favor del plebiscito por la paz, como mandato ciudadano, pues ese sí era de obligatorio cumplimiento, derivado del resultado del plebiscito sobre el proceso de paz.

Ellos fueron ambiguos y pasivos frente a la manera como el gobierno del presidente Juan Manuel Santos manejó hábilmente esta situación, que fue en el fondo una burla para los colombianos.

Es la oportunidad de empezar a construir una verdadera paz en el país, que se desarrolla en la medida en que el Gobierno, con los dirigentes empresariales, sociales y políticos, se pongan de acuerdo sobre el país que soñamos y queremos. E ese es el Pacto por Colombia.

De lo contrario, una paz con un grupo de guerrillero, mientras las fuerzas delincuenciales manejan el negocio del narcotráfico, no es paz.

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