Aunque fue oportuna la expedición del decreto que permite la sustitución de penas privativas de la libertad por detenciones domiciliarias, el objetivo está lejos de cumplirse. El cuello de botella para las excarcelaciones está en el extenso listado de quienes quedan excluidos de la aplicación de las medidas de detención y prisión domiciliaria transitorias.

Es normal el temor por el anuncio de la salida de cerca de 15.000 internos de los penales, pero la realidad es diferente cuando se conocen los rostros de quienes están tras las rejas, de personas que cometieron errores incurriendo en delitos menores o están con detenciones intramurales por malas decisiones judiciales. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado reporta que las pretensiones por demandas contra la Nación superan los 427 billones de pesos, siendo las privaciones injustas de la libertad una de las principales causas de litigio, situación provocada por una deficiente política criminal.

Celebro la restructuración a la política criminal que pretende el Fiscal General de la Nación, buscando que la función de prevenir y combatir el delito se ajuste a las demandas de la sociedad. Acertada también la directriz del fiscal para que la privación de la libertad solo sea solicitada en los casos estrictamente necesarios, decisión que no solo es consecuente con las medidas para mitigar el hacinamiento, también, como lo dice el propio Fiscal General, reducirá el número de condenas.

Tampoco hay que olvidar las condiciones en las que se encuentran las personas recluidas en las estaciones de policía y las Unidades de Reacción Inmediata, que deben ser sitios transitorios de detención y no permanentes. La misma Fiscalía instó a las autoridades territoriales a brindar garantías para evitar consecuencias aún más graves con ocasión de la pandemia.

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