En una reciente visita que hice al sur occidente del país, quedé preocupado por las manifestaciones de líderes sociales que expresaron las dificultades por las que atraviesan en materia seguridad y las constantes amenazas.

Dichas denuncias tienen consonancia con el reporte entregado por la ONU, que señaló que durante el último año fueron asesinados 11 defensores de derechos humanos en el Cauca.

A este departamento, como a otras regiones, ingresaron bandas criminales para copar espacios dejados por la guerrilla y la lucha por el control de las economías ilegales tiene a la población en zozobra.

La política de respeto por los derechos humanos debe ser uno de los temas a resaltar en la agenda del próximo presidente de la República, por los acuerdos internacionales suscritos en esa materia que hay que cumplirlos y por la Colombia rural y de algunas ciudades que está perdiendo la libertad para actuar, ante el temor infundido por los violentos.

Los derechos humanos están ligados a la justicia, que requiere una reforma estructural que incluya la lucha contra la corrupción y la reducción de los índices de impunidad, pero además se relaciona con la seguridad y protección al ciudadano.

El fortalecimiento de las relaciones internacionales es fundamental para lograr ese objetivo, por el apoyo que se requiere de la comunidad mundial para menguar las desigualdades sociales, una política exterior que permita la verificación del cumplimiento de los protocolos en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

No pueden existir comunidades olvidadas, los grupos criminales tienen que ser sometidos para evitar que nazcan para-estados como el que en su momento pretendieron conformar las Farc.

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