El presidente Gustavo Petro decidió sembrar dudas sobre la legitimidad de las elecciones presidenciales.

Habló de fraude. Habló de cientos de miles de cédulas agregadas al censo electoral.

Habló de mesas de votación inexistentes. Habló de modificaciones al software electoral. Habló, en esencia, de una alteración de la voluntad popular.

No es una acusación cualquiera. Es probablemente la acusación más grave que puede formularse en una democracia.

Y precisamente por eso merece algo más que consignas, sospechas o publicaciones en redes sociales.

Confieso que, al leer las denuncias, sentí la misma preocupación que sintieron millones de colombianos.

Si realmente hubieran aparecido 885.000 nuevos votantes a pocos días de las elecciones, estaríamos frente a un escándalo monumental.

Si realmente hubieran surgido cientos de puestos y miles de mesas de votación de la nada, la legitimidad del proceso quedaría seriamente comprometida.

Si realmente existieran mesas con votaciones físicamente imposibles, tendríamos un problema enorme.

Pero justamente por eso vale la pena detenerse un momento y mirar los hechos.

Las supuestas 885.000 cédulas adicionales terminaron teniendo una explicación bastante menos novelesca de la que se anunció.

No eran votantes fantasmas incorporados al censo electoral. Correspondían a registros utilizados para la operación electoral de los consulados colombianos en el exterior durante los días previos a la elección.

Algo similar ocurrió con los famosos puestos y mesas “adicionales“. Presentados inicialmente como evidencia de una manipulación electoral, terminaron correspondiendo, en su inmensa mayoría, a la logística de la votación en el exterior, además de unas pocas mesas excepcionales creadas por decisiones judiciales o protocolos previamente establecidos.

No aparecieron de manera clandestina. Estaban identificadas, documentadas y sometidas al mismo escrutinio que las demás.

Tampoco las mesas con más de 300 votos resultaron ser la prueba definitiva del fraude.

Muchas correspondían a puestos en el exterior o a modalidades especiales de votación donde los topes son distintos a los de una mesa ordinaria en Colombia. Como suele ocurrir, una anomalía deja de parecer misteriosa cuando se entiende el contexto en el que ocurre.

Quedaba la acusación sobre el software electoral. La más delicada de todas. Pero también la más difícil de sostener.

Porque identificar una modificación en un registro informático no equivale a demostrar que se alteraron votos o resultados. Hasta ahora, la evidencia de lo primero no ha logrado convertirse en prueba de lo segundo.

Lo preocupante es que estas explicaciones ya fueron entregadas. No por una campaña. No por un candidato. No por un actor interesado en el resultado.

Fueron examinadas por quienes tienen precisamente la tarea de vigilar y verificar las elecciones. Los jueces concluyeron los escrutinios.

Los observadores nacionales revisaron las denuncias. Los observadores internacionales validaron el proceso. Y ninguno llegó a la conclusión que el presidente parece empeñado en sostener.

Aquí aparece el verdadero problema.

Una democracia puede sobrevivir a errores. Puede sobrevivir a funcionarios incompetentes. Puede sobrevivir incluso a gobiernos mediocres.

Lo que difícilmente sobrevive es a la destrucción deliberada de la confianza en las reglas que permiten resolver pacíficamente la disputa por el poder.

Porque toda democracia descansa sobre una convicción compartida: que los votos deciden quién gobierna y que nadie está por encima de las reglas que permiten contarlos.

Cuando esa convicción desaparece, la política deja de ser una competencia regulada y comienza a parecerse peligrosamente a una guerra.

Existe además una ironía difícil de ignorar. El propio presidente afirmó que reconocería los resultados producidos por los jueces de la República.

Pues bien, fueron precisamente esos jueces quienes realizaron los escrutinios. Fueron esos jueces quienes consolidaron los resultados. Fueron esos jueces quienes validaron la elección.

¿Qué ocurre entonces cuando las instituciones solo son legítimas mientras confirman nuestras sospechas?

Lo que ocurre es que dejamos de defender la democracia para empezar a defender una causa. Dejamos de confiar en las reglas para confiar únicamente en quien dice interpretarlas.

Dejamos de creer en las instituciones para creer en los hombres.

Y esa es una tentación tan antigua como peligrosa.

Las elecciones pueden auditarse. Deben auditarse. Las denuncias deben investigarse. Siempre.

Pero una vez las instituciones han hablado, una vez los argumentos han sido examinados y una vez las acusaciones comienzan a desmoronarse frente a los hechos, seguir alimentando la sospecha deja de ser un acto de vigilancia democrática para convertirse en un acto de irresponsabilidad política.

Colombia tiene demasiados problemas para que ahora se le agregue uno más: la idea de que los votos solo valen cuando favorecen a quien los interpreta.

La democracia colombiana es imperfecta. Como toda obra humana. Pero sigue siendo infinitamente mejor que la alternativa de convertir cada resultado adverso en una conspiración y cada derrota en una prueba de fraude.

Por eso este no es un debate sobre Petro. Tampoco sobre Abelardo o Cepeda. Es un debate sobre la República.

Y las repúblicas se sostienen sobre algo muy simple: la existencia de reglas comunes que nadie puede reclamar para sí mismo.

Ni siquiera el presidente.

Colombia se respeta.

Comments