Cuando hay rumores sobre una reforma pensional se genera una angustia natural entre quienes están aportando al sistema, porque este tipo de iniciativas son generalmente injustas y se hacen para ampliar el tiempo de servicio y la edad para acceder a los beneficios. Se argumenta el déficit de los fondos.

Asofondos dice que el sistema actual es insostenible porque se produce un hueco fiscal de 40 billones de pesos por año.

Y también se justifica diciendo que es inequitativo, lo cuál es cierto; pero también hay que decir que no son responsables de ello quienes sí pagan oportunamente y de manera proporcional lo que les corresponde para obtener algún día una mesada pensional.

No puede el Estado infligir mayor angustia a la situación de quienes cumplen a cabalidad y esperan que se mantengan sus condiciones para lograrlo. Si el régimen de prima media es aquel mediante el cual sus afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez o de invalidez o de sobrevivientes o una indemnización que se caracteriza por ser solidario de prestación definida, en el cual los aportes de sus asociados y sus rendimientos constituyen un fondo común de naturaleza pública que garantiza el pago de las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados en donde el propio Estado garantiza el pago; ¿porque pretender ahora acabar con las bondades del mismo? Si ha funcionado bien, lo que se debe hacer es fortalecerlo capitalizando a Colpensiones.

Es lo que debe perseguir una reforma para consolidar la sostenibilidad financiera del sistema fortaleciendo la cobertura del mismo; lo que no debe hacerse menoscabando los derechos de quienes actualmente hacen un esfuerzo honrando sus obligaciones.

Un proyecto de Ley propone que parte de los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales, Fonpet, pasen al Fondo de Solidaridad Pensional para atender pensiones anticipadas, fortalecer el sector salud y financiar el programa de fortalecimiento de cobertura y aseguramiento de la vejez colombiana; un noble deseo pero, infortunado y a todas luces arbitrario con las entidades territoriales en donde municipios y gobernaciones han ahorrado para garantizar sus acreencias prestacionales, el que no tiene esa destinación y que ahora se pretenda con recursos de los entes territoriales asumir obligaciones de la Nación.

En lo que sí estoy de acuerdo es en un modelo de pensión anticipada financiada con el presupuesto nacional para aquellas personas que cumpliendo con su edad de jubilación, sin haber completado las semanas de cotización requeridas puedan acceder al beneficio pensional e impulsar adicionalmente, un sistema pensional para que los trabajadores informales puedan acceder a partir de aportes proporcionales a sus ingresos porque, claro, el sistema necesita cambios profundos pero no puede hacerse ni con los recursos de los territorios, ni afectando las condiciones ya establecidas de quienes pagan cumplidamente.

Una pensión de jubilación no puede estar sujeta al riesgo de la rentabilidad ni a los cambios en la tasa de interés por que ella representa la estabilidad social y económica de quienes en forma juiciosa invirtieron para garantizar su tranquilidad financiera durante su madurez y con toda justicia, ella tiene que servir para asegurar una vida digna y un seguro bienestar.

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