Análisis forense informático

Mario Germán Fernández De Soto

Algunos sectores del país se han pronunciado sobre la necesidad de acudir de manera inmediata a un estudio forense digital en relación con los resultados de las pasadas elecciones legislativas, que para las colectividades partidistas y no pocas agrupaciones sociales se ha convertido en una discusión permanente por los cambios que se han suscitado en los escrutinios para la conformación de Cámara de Representantes y Senado de la República.

En efecto, el país requiere constatar todas las evidencias que generen la transparencia del proceso electoral y esta técnica forense contribuye a extraer la información de una base de datos sin alterar su estado, identificando los datos ocultos que pudieron ser eventualmente alterados o confirmar la pulcritud de los mismos conforme a los parámetros de preservación digital y los procedimientos de toma de la información así como su respectivo procesamiento. Mediante un análisis forense de investigación criminal es como se puede efectivamente determinar si existieron alteraciones en los resultados finales que pudieron haber distorsionado el resultado total de las elecciones parlamentarias.

Aquí tiene que precisarse si existió o no un cibercrimen, puesto que el Estado pagó cada formulario y hasta la última transmisión de datos para honrar en forma rigurosa los resultados entregados. Por tanto, es muy claro que existe una razón muy seria para la implementación de una medida en este sentido que despeje cualquier duda y la Comisión de Garantías Electorales, ente constituido para blindar el sistema electoral colombiano, bien podría acudir a este novedoso sistema para dar tranquilidad a los partidos, candidatos, comunidad internacional y a la ciudadanía frente a unos escrutinios que por la importancia en la escogencia del poder legislativo tiene para el país; sobre todo porque a pocos meses de la elección presidencial el señor Registrador Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral obran como salvaguardas de la voluntad popular a través del voto de cada colombiano.

Creo que vale la pena tomar decisiones de esta naturaleza para que cualquier elector pueda, en forma tranquila y veraz, consultar tanto la transparencia del derecho soberano al sufragio universal, como el resultado total de los mismos, porque lo que sí genera una gran preocupación es que en algunos casos quienes van a las urnas aseguran que no evidencian que en la mesa y puesto electoral donde sufragaron aparezca su registro, circunstancia que es muy grave y debe conllevar a denunciarlo e investigarse para aclarar este tipo de casos que ocasionan desconfianza en el sistema electoral y desazón en la ciudadanía.

Las autoridades electorales tienen la obligación de entregar una información fidedigna frente a la expresión de la voluntad popular y, para ello, deben utilizar todos los mecanismos legales que faciliten transparencia y eficacia en la gestión pública. Lo que está en juego es la democracia y la confianza de los colombianos en sus instituciones nacionales. Es la hora de actuar.