La Comisión de la Verdad, presidida por Francisco de Roux, no adoctrina, sólo narra hechos ciertos y criminales cometidos contra colombianos.

La censuran, como otrora también lo hicieron con historiadores que investigaron verdades de otras épocas. Por su informe y divulgación en los colegios, hay quienes le acusan de incurrir en adoctrinamiento.

Les pregunto: ¿Ustedes creen que callar la verdad exonera las responsabilidades estatales? ¿Será adoctrinamiento la divulgación de crímenes? Escuché por primera vez la palabra “doctrina”, el día que el maestro nos presentó el catecismo de la doctrina de la iglesia católica, advirtiéndonos que contenía verdades reveladas que no admitían discusión.

Años más tarde, en bachillerato, volví a escuchar el término “doctrina” cuando el profesor nos repasaba a los filósofos griegos, seguido de las doctrinas medievales, luego el pensamiento francés del siglo XVIII y, por si acaso, las ideas socialistas del siglo XIX.

Nos evaluaba si memorizábamos como si militáramos en partidos políticos. El Ministerio de Educación Nacional autorizaba los contenidos, supervisaba su enseñanza y los profesores, sin objeción, cumplían con su deber.

Sin embargo, nadie denunció a través de los medios de comunicación que la educación incurría en adoctrinamiento. Los textos básicos autorizados para la enseñanza de la historia eran los de los sacerdotes Justo Ramón y Rafael María Granados, igualmente, la Historia de Colombia, de Henao y Arrubla.

Estos fundamentaban la época de independencia con el heroísmo de los libertadores y la republicana como un inventario de los presidentes y sus obras de gobierno, descartando sus responsabilidades en la enajenación de los recursos naturales y que hicieron caso omiso del abandono de las regiones.

La educación transmitía la historia oficial, que no analizaba las causas económicas, ni la participación social del pueblo. Las cosas empezaron a cambiar desde que un grupo de historiadores, entre los que figuraron, Jaime Jaramillo Agudelo, Germán Colmenares, Jorge Orlando Melo y Álvaro Tirado Mejía, promovió la Nueva Historia de Colombia.

La nueva visión histórica impactó con nuevos historiadores y fundamentando docentes que se licenciaban. Entonces el Ministerio de Educación decidió restarle importancia a la historia en los programas de sociales. En 1985, hubo censura contra dos innovadores libros de texto: Nuestra Historia Cercana, de Fernando Torres Londoño (Grado 4º) y Rodolfo Ramón de Roux (grado 5º).

Un material didáctico para que los profesores estimularan la participación de sus estudiantes y convocaran su discusión crítica. Pero los detractores de la propuesta académica, mal intencionados equipararon historia crítica y “adoctrinamiento”.

Los defensores del establecimiento acusaron de contener una “historia subversiva”. El Tiempo, de octubre 5 de 1985, atendiendo quejas de defensores del “orden”, publicó en su editorial: “El asunto es grave y nos sentimos obligados a preguntarle a la señora ministra de Educación si ella considera que esta interpretación del currículo corresponde a los ideales del ministerio.

Si estos discursos dirigidos a los niños cuentan con su aprobación, o va a ampararlos la tolerancia del ministerio”. Cuatro décadas después, volvemos a escuchar el término “adoctrinamiento”, en boca de quienes quieren censurar el trabajo arduo de la Comisión de la Verdad y oponerse a su divulgación.

Piensan que los colombianos olvidamos. Señalan que hacen “adoctrinamiento”, porque quieren mantener la ceguera de los colombianos ante los hechos violentos.

El informe contiene verdades dolorosas, denunciadas, investigadas, comprobados y confesadas en las audiencias de la Justicia Especial para la Paz. La Comisión de la Verdad, no adoctrina, narra los crímenes cometidos contra colombianos, para que no sigan impunes.

Hagamos un alto en enseñanza de “verdades tradicionales”, y mejor aprestémonos a divulgar el Informe de la Comisión de La Verdad. ¿“Adoctrinamiento” o silencio cómplice?

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