Cali, diciembre 5 de 2024. Actualizado: jueves, diciembre 5, 2024 00:31
“Situación de desastre”, así declaró el presidente Gustavo Petro ante la sequía que enfrenta la capital, y que es otra de las graves consecuencias de una sequía y oleada de calor que ha venido azotando al país desde el primer trimestre de 2024.
82 municipios han tenido que implementar el racionamiento de agua desde ese entonces; de un 20% a un 25% de estas regiones han tenido desabastecimiento de agua, según informó la ministra de ambiente Susana Muhamad.
Y todavía se sigue luchando con esto, sumado a una oleada de incendios que ha diezmado gran proporción de zonas forestales a lo largo del país.
Teniendo en cuenta que los racionamientos vienen haciéndose desde abril, ahora la discusión colectiva de la ciudadanía se ha volcado a si de verdad estas medidas son suficientes para contrarrestar la emergencia, más aún cuando han surgido escándalos con algunas industrias que parecen seguir usando el agua a su máxima potencia.
Las actividades agrícolas y ganaderas son las que más agua dulce demandan en Latinoamérica y el Caribe (entre un 60 y 70% en total).
El sector industrial y doméstico, por otro lado, oscila entre un 10-20%. La diferencia es muy amplia, pero igual de importante.
No obstante, la responsabilidad no debería recaer solo en un sector de la sociedad.
Así lo explica la Dra. Alexandra Coello-Camba, docente del Máster en Ingeniería y Gestión Ambiental de la Universidad Internacional de Valencia – VIU, perteneciente a Planeta Formación y Universidades.
“En una ciudad es innegable que el consumo responsable en los hogares es fundamental para mantener un rendimiento sostenible del agua que haya disponible en cada momento”, afirma la experta de la maestría virtual de VIU, “pero su efecto positivo se reduce considerablemente si, por otro lado, no se ejerce un control responsable equivalente sobre fábricas y procesos industriales”.
Orquestar una dinámica de contingencia donde participen todos los sectores de la población es esencial para que el uso consciente de los recursos hídricos tenga un impacto real en la emergencia actual.
Algunas de las medidas que sugiere el experto son:
– Reducir el uso de productos químicos que puedan acabar en el agua, haciendo un uso eficiente de la maquinaria disponible (sobre todo si es obsoleta y no dispone de mecanismos de control del agua utilizada).
– Controlar y prevenir la aparición de fugas o filtraciones que supongan una pérdida descontrolada de agua.
– Apostar por fuentes hídricas alternativas siempre que sea posible, evitando recurrir al agua potable (por ejemplo, instalando sistemas de captación y aprovechamiento de agua de lluvia, o utilizando agua regenerada).
– Aprovechar el potencial del agua regenerada (agua residual depurada) para su uso industrial.
Las técnicas de depuración han conseguido ser muy eficaces y dar lugar a aguas regeneradas de buena calidad, constituyendo un sistema ventajoso para la reducir la demanda de agua dulce.
– Participar más activamente en proyectos colaborativos y estrategias conjuntas de gestión de recursos, con tomadores de decisión.
Esto puede mejorar su reputación como empresas preocupadas por la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, y aumentar su rentabilidad.
“Un contacto tan directo entre ciudadanos, responsables gubernamentales e industrias facilita la comunicación y toma de decisiones, dando a cada parte interesada la oportunidad de participar en la gestión de un recurso tan preciado como el agua y de luchar por sus intereses”, añade la experta en gestión de la contaminación de aguas y de suelos.
Es común ver cómo los problemas que detonan estas emergencias son transversales a muchos países: recursos económicos insuficientes, falta de mantenimiento de sistemas de almacenamiento y distribución del agua, inspección y vigilancia deficiente.
Ante esto, las políticas del agua no pueden aplicarse indistintamente, sino que deben desarrollarse para responder a las necesidades particulares de cada región, incluso dentro de los mismos países.
Demás está decir que estos problemas no se solucionan endureciendo la ley, sino mejorando las carencias: inversión, compromiso político, controles responsables.
“Han de aplicarse posibles cambios de forma gradual para que las inversiones económicas necesarias no ahoguen al usuario”, señala Alexandra Coello-Camba, “y han de ofrecerse, además, subsidios o fuentes alternativas de financiación para acometer los cambios necesarios en sus instalaciones o procesos, y sin descuidar los procesos de inspección necesarios para garantizar una correcta gestión del agua, reforzados incluso con posibles sanciones por incumplimiento”.
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