La discusión sobre el salario mínimo para 2026 entró en una fase decisiva y tensionada. Con propuestas que oscilan entre un incremento técnico cercano al 7% y la intención gubernamental de llevar el ingreso básico a $1,8 millones, el país enfrenta uno de los debates laborales más complejos de los últimos años.

Las advertencias de los centros de estudio, empresarios y autoridades monetarias aumentan el nerviosismo sobre el impacto que podría tener un alza desbordada en inflación, empleo y finanzas públicas.

La preocupación no es un asunto marginal. Según cifras de Fedesarrollo, cerca de 3,7 millones de trabajadores dependen directamente del salario mínimo, y cualquier variación en este indicador se convierte en un mensaje directo para los precios, los contratos indexados, la política monetaria y el comportamiento del consumo de los hogares.

En diciembre comenzará la negociación formal, pero los bandos ya están alineados: Gobierno, Banco de la República, gremios y centros de pensamiento llegan con diagnósticos y objetivos muy distintos.

La meta de inflación

Las minutas del Banco de la República son claras: cualquier incremento que supere la suma de inflación y productividad podría encender nuevamente la inflación, justo cuando el país intenta regresar al rango meta del 3%.

El Emisor advierte que la economía ya muestra signos preocupantes de indexación, es decir, de ajustes automáticos de precios que responden a la expectativa de un salario mínimo alto.

En las reuniones de septiembre y octubre de 2025, la mayoría de la Junta expresó su desacuerdo con la posibilidad de un alza de doble dígito.

Para el Banco, un incremento excesivo tendría tres efectos inmediatos:

• Desbordaría la inflación en 2026, justo cuando se espera una convergencia gradual.
• Aumentaría la inercia inflacionaria, alimentando nuevos aumentos salariales.
• Debilitaría el poder adquisitivo real, pues los precios subirían más rápido que los ingresos.
• El mensaje del Emisor es contundente: un aumento muy elevado termina perjudicando justamente a quienes se busca proteger.

El 7% es el límite técnico para no recalentar la economía

Desde el análisis técnico, Fedesarrollo insiste en que el aumento debe ser moderado y no superar el 7%.

Su director, Luis Fernando Mejía, explica que la inflación proyectada para el cierre del año se ubica cerca del 5,3%, mientras que la productividad laboral será nula o negativa, lo cual descarta aumentos más altos si se quiere proteger la estabilidad macroeconómica.

El centro de estudios subraya que un aumento del 7% permitiría:

• Preservar el poder adquisitivo de los trabajadores.
• Reducir presiones inflacionarias en 2026.
• Evitar aumentos abruptos en los costos laborales.
• Dar señales de estabilidad a los mercados y a la inversión.

Pero advierte que un incremento cercano al 11% desbordaría la inflación, afectaría el empleo formal y complicaría la recuperación económica proyectada para el próximo año.

Un aumento del 11% sería “lo comido por lo servido”

El gremio del comercio, Fenalco, ha sido uno de los más firmes opositores a un incremento elevado.

De acuerdo con el análisis de su presidente, Jaime Alberto Cabal, un aumento del 11% dispararía el costo total del salario mínimo —incluyendo prestaciones— hasta los $2,8 millones, cifra que muchas micro y pequeñas empresas no podrían asumir.

El gremio advierte que este escenario tendría tres consecuencias:

Más informalidad: miles de microempresas no soportarían el ajuste y recurrirían a contratación sin prestaciones.

Mayor inflación: los costos se trasladarían a los precios, perpetuando el círculo vicioso de indexación.

Golpe fiscal: la nómina estatal se encarecería, presionando el presupuesto público.

Fenalco también alerta sobre el impacto en los pensionados que ganan más de un salario mínimo, quienes verían afectado su ingreso real porque sus mesadas se actualizan solo con inflación y no con el aumento nominal del salario mínimo.

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