La agroindustria de la caña de azúcar, una de las más representativas del suroccidente colombiano, atraviesa un momento crítico que amenaza la estabilidad económica y social de miles de familias.

Así lo advirtió Procaña, el gremio que agrupa a los productores y proveedores de caña, al emitir una alerta sobre la compleja coyuntura que enfrenta el sector, caracterizada por presiones económicas, inseguridad y deterioro de la productividad.

La advertencia se produce en medio de un entorno de alta vulnerabilidad para los cerca de 280.000 empleos formales que dependen directamente de esta actividad, los cuales benefician a más de 1,2 millones de personas.

Según Procaña, la suma de factores como la caída en el precio del azúcar, la apreciación del peso colombiano frente al dólar, el aumento de importaciones de etanol y las lluvias prolongadas que han reducido los niveles de productividad, están asfixiando financieramente a los productores y proveedores del sector.

Inseguridad rural: un agravante estructural

Más allá de los retos económicos, el panorama se complica por el grave deterioro de la seguridad en las zonas cañeras, especialmente en el norte del Cauca.

Según el comunicado, la presencia de estructuras delincuenciales, secuestros, extorsiones y actos terroristas, junto con la invasión de más de 5.000 hectáreas de cultivo, ha elevado significativamente los riesgos operativos y humanos para agricultores y trabajadores.

Este entorno no solo afecta la rentabilidad del sector, sino que debilita la sostenibilidad de programas sociales clave financiados por los ingenios y productores.

En particular, Procaña advirtió que están en riesgo iniciativas comunitarias como las que lidera la Fundación Corazón de Caña, que en 2025 benefició a más de 12.000 niños, niñas y jóvenes, con inversiones superiores a $11.000 millones de pesos, interviniendo 80 escuelas públicas y fomentando la seguridad alimentaria a través de huertas familiares que involucran a más de 4.600 personas.

Llamado urgente al Gobierno Nacional

Frente a esta situación, Procaña hizo un llamado enérgico al Gobierno Nacional para que fortalezca las estrategias de seguridad rural, con el fin de proteger los derechos humanos de las comunidades rurales y de los trabajadores del sector agroindustrial.

El gremio también reiteró la necesidad de implementar medidas integrales de protección económica, incluyendo la priorización en la compra de etanol nacional, lo que contribuiría a proteger el empleo y los ingresos de miles de familias.

“Se trata de preservar no solo una actividad económica, sino un modelo de desarrollo regional que genera inversión en salud, educación, infraestructura comunitaria y protección ambiental“, subraya el comunicado.

Un motor regional en riesgo

La agroindustria de la caña representa un importante motor de crecimiento para el Valle geográfico del río Cauca, donde históricamente ha dinamizado el empleo formal, la inversión social y la seguridad alimentaria.

El debilitamiento de este sector no solo impactaría a los productores, sino que tendría efectos multiplicadores negativos sobre proveedores de insumos, transportadores, municipios dependientes de impuestos del sector y la estabilidad fiscal de muchas administraciones locales.

El llamado de Procaña cobra mayor relevancia en un contexto nacional donde el crecimiento económico es moderado y la inversión privada muestra signos de debilitamiento.

Proteger esta cadena agroindustrial implica no solo garantizar el ingreso de miles de familias rurales, sino también salvaguardar el tejido productivo y social de una región clave para la economía del país.

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