La decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el Decreto 1469 de 2025, que fijó el salario mínimo 2026 en $1.750.905, abrió un escenario jurídico y político marcado por la pregunta que hoy circula entre trabajadores y empresarios: “¿Qué va a pasarte?”.

La medida cautelar ordena al Gobierno expedir y publicar, en un plazo de ocho días calendario, un decreto transitorio que determine el nuevo porcentaje de aumento y el valor correspondiente, mientras se profiere una sentencia de fondo.

El alto tribunal aclaró que la suspensión no constituye un fallo definitivo sobre la legalidad del acto. También precisó que los efectos solo se aplicarán a partir de la publicación del nuevo decreto transitorio.

Hasta entonces, continúa rigiendo el valor fijado en el Decreto 1469 de 2025. Asimismo, indicó que no se afectan derechos u obligaciones ya causados, incluidos pagos de nómina, pensiones, contratos, multas y demás conceptos liquidados durante la vigencia del decreto.

La orden exige que el nuevo acto administrativo aplique integralmente criterios legales y constitucionales como la meta de inflación, la productividad certificada, la inflación real del año anterior, el crecimiento del PIB, la contribución de los salarios al ingreso nacional y la garantía de una remuneración mínima, vital y móvil. También deberá incluir una fundamentación económica detallada y verificable.

En medio de ese panorama, distintos sectores reaccionaron. Desde ACOPI expresaron: “Expresamos nuestra preocupación por la incertidumbre e inseguridad jurídica que se genera”.

El gremio advirtió que la situación impacta especialmente a las microempresas, que son las que más contratan y pagan el salario mínimo.

El Consejo Gremial Nacional señaló que “respeta la decisión del Consejo de Estado de suspender previsionalmente el reajuste del salario mínimo del 23.7%” y consideró fundamental que cualquier determinación se adopte “de manera equilibrada, con base en criterios técnicos y dentro del marco institucional previsto por la ley”.

FENALCO afirmó que la decisión “protege la Constitución y la sostenibilidad del empleo formal”. El gremio sostuvo que “un incremento del salario mínimo del 23,7 %, aunque puede resultar atractivo en cifras, no responde a la realidad económica del país” y advirtió que “en riesgo por el decreto hay alrededor de 772.340 empleos”.

Su presidente, Jaime Alberto Cabal, declaró: “La ilegalidad del decreto era evidente”.

Gobierno defiende el “salario vital”

Desde el Ejecutivo, el presidente Gustavo Petro escribió: “El decreto de salario vital es ordenado por la constitución”. Añadió que “el decreto ya expedido tiene todos los criterios económicos que se han reflejado en él” y expresó: “Respetaré su decisión pero actuaré de acuerdo a la constitución”.

También afirmó que “suspender un decreto de salario mínimo vital pone en riesgo la constitución” e invitó: “Invito al pueblo trabajador a expresarse sobre este asunto”.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que el Gobierno interpondrá un recurso de reposición y aseguró: “El 28 de febrero usted va a recibir otra vez su salario mínimo aumentado en un 23%”.

También sostuvo: “El gobierno va a responder, le va a cumplir y va a ser lo necesario para que los pobres siempre estén bien”.

En medios de entidades del Estado circuló el mensaje: “El decreto del Salario Vital fue expedido por el Gobierno del Presidente en cumplimiento de la Constitución de Colombia” y agregó: “Suspender un decreto que protege el salario vital significa poner en riesgo el ingreso y los derechos adquiridos de millones de trabajadoras y trabajadores”.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, hizo “un llamado a la calma” y expresó: “Yo creo que eso se tiene que resolver, se va a resolver y que sea lo mejor sobre todo para el trabajador colombiano”.

La presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, señaló: “La decisión adoptada por el Consejo de Estado (…) debe ser respetada y acatada” y consideró que esta coyuntura permite “retomar el diálogo y construir con empresarios y trabajadores un acuerdo sobre el salario mínimo que dé seguridad jurídica”.

En el ámbito académico, el profesor Gonzalo Ramírez explicó que el nuevo monto “se tiene que corresponder a los elementos macroeconómicos” y que “de aquí a 8 días se tiene que sacar un nuevo monto”.

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