Durante la ceremonia de graduación de subtenientes de la Policía Nacional, realizada en la Escuela de Cadetes General Santander durante la conmemoración de los 134 años de la institución, el presidente Gustavo Petro confirmó que ordenó un nuevo bombardeo en Arauca.

El mandatario aseguró que la operación se ejecutó bajo estrictos criterios del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y que asumió personalmente los riesgos de la decisión.

El jefe de Estado explicó que medidas como esta se han tomado en medio de un contexto complejo de seguridad y recordó que antes de viajar a Santa Marta, en el marco de la cumbre de la Unión Europea, también autorizó un ataque aéreo en Guaviare para proteger a 20 soldados que patrullaban una zona donde avanzaban dos columnas de la estructura criminal de alias “Mordisco”, compuestas por cerca de 150 integrantes.

Petro señaló que “por la relación numérica podría resultar mal hacer un movimiento envolvente y decidí que antes de que llegara a ese punto, se bombardeara el lugar“.

Balance

Según Petro, el saldo de esa acción fue de 26 personas “neutralizadas”, en su mayoría fallecidas, además de un grupo reducido de capturados, entre ellos menores de edad que se entregaron.

El mandatario hizo un llamado urgente a los jóvenes reclutados por organizaciones armadas para que abandonen esos grupos a los que les dijo que “no merecen estar ahí y hay que escaparse para poder vivir”.

El presidente reiteró que las operaciones en el interior del país se apegan al DIH, diferenciándolas de estrategias aplicadas en otros contextos.

Sobre el nuevo bombardeo en Arauca, advirtió que la región vive un momento crítico, con movimientos de grupos armados que buscan aprovechar escenarios de inestabilidad para expandir economías ilegales, comparando el riesgo con dinámicas ocurridas en Siria, Libia e Irak.

Finalmente, subrayó que todas estas decisiones dependen de una inteligencia coordinada y respetuosa de los derechos humanos.

Afirmó que la información se comparte con Estados Unidos bajo compromisos estrictos y que Colombia, con su experiencia, puede convertirse en referente regional en la lucha contra la delincuencia sin vulnerar garantías fundamentales.

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