Mediante Resolución firmada por el ministro del Interior con funciones delegatarias, Armando Benedetti, el Gobierno Nacional reconoció formalmente al Clan del Golfo como Grupo Armado Organizado GAO bajo el nombre autodenominado de Ejército Gaitanista de Colombia EGC.

En el documento se indica que esta decisión se sustenta en la Ley 1908 de 2018, que define los parámetros legales para clasificar a una organización como GAO: control territorial efectivo, mando responsable y capacidad para realizar operaciones militares concertadas.

Además, avala la aplicación del Derecho Internacional Humanitario al EGC, un aspecto fundamental para la regulación de los conflictos armados y la protección de la población civil.

Por otra parte, dicho reconocimiento no otorga al grupo ningún estatus político ni prerrogativa para negociar como una insurgencia tradicional.

Además, el documento enfatiza que las operaciones militares y policiales contra el EGC continuarán, pero con el marco del Derecho Internacional Humanitario, lo que implica el respeto a normas internacionales sobre la conducción del conflicto y derechos humanos.

Conversación

La resolución también establece un “Espacio de Conversación Socio Jurídico” con el Ejército Gaitanista de Colombia, orientado a avanzar en el cese de hostilidades, la reducción de afectaciones a civiles, y crear condiciones para que sus integrantes transiten hacia la legalidad y el Estado de Derecho.

Se conoció que esta mesa de diálogo se desarrolla en Catar, donde el gobierno mantiene acercamientos con los voceros del grupo desde 2024.

Legalmente, el acto se apoya en varios artículos constitucionales que consideran la paz un derecho y deber obligatorio, en leyes nacionales y en jurisprudencia de la Corte Constitucional, que refuerzan la facultad presidencial para estas negociaciones.

También señala que cualquier acuerdo de sometimiento a la justicia será determinado por el Gobierno con base en la necesidad de pacificación y control territorial.

Finalmente, la resolución ordena informar a todas las autoridades competentes sobre la nueva categoría del grupo y su tratamiento en el marco jurídico colombiano.

Este reconocimiento marca un nuevo capítulo en el complejo esfuerzo del Estado por pacificar zonas afectadas por el conflicto armado y avanzar en la aplicación del Derecho Internacional Humanitario.

Comments