Luego de conocer la decisión proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que ordenaba la medida de aseguramiento contra la senadora vallecaucana Dilian Francisca Toro, la legisladora se entregó a agentes del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, en Bogotá.

La expresidenta del Congreso de la República que es investigada por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de activos no tendrá el beneficio de casa por cárcel.

La Corte Suprema tomó la decisión luego de evaluar un estudio de la Uni-dad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda relacionado con la compra de bienes raíces de la senadora por valor de cinco mil millones de pesos. Al parecer, para el alto tribunal, no se explicó debidamente la adquisición de las propiedades en la audiencia del pasado 9 de julio.

El alto tribunal investiga si dichos bienes, ubicados en el Valle del Cauca, fueron comprados a testaferros del extraditado narcotraficante Víctor Patiño Fómeque. En dichas transacciones Patiño habría \”lavado\” dinero.

Así mismo, la Corte Suprema compulsó copias a la Fiscalía para que investigue la participación de Julio César Caicedo, esposo de la senadora, en los hechos.

En su cuenta oficial de Twitter, la senadora Dilian Francisca dijo: \”Confío en la justicia, tenemos total tranquilidad, pues todo lo hemos hecho según las leyes colombianas. Jurídi-camente están todas las pruebas\”.

Suspendida

El Partido de la U, al cual pertenece la senadora Dilian, decidió suspenderla. \”El partido de la U debe proceder a aplicar su esta-tuto conocida la decisión de la Corte y aplicar una suspensión de la militancia de la senadora\”, dijo Juan Lozano, presidente del partido de la U.

El senador y presidente del Congreso, Roy Barre-ras, dijo que habrá silla vacía “porque mientras este proceso se cumple entendiendo el tipo penal que se le achaca, no habrá reemplazo, una vez se notifique la mesa directiva, revisará el asunto jurídicamente\”.

Otros investigados

La senadora Dilian se une al grupo de Germán Vargas Lleras (hoy minis-tro de Vivienda), Hernán Andrade y Armando Bene-detti, que son investigados por la Corte Suprema.

Esa misma corporación condenó a los expresidentes del Senado, Miguel Pinedo, Luis Humberto Gómez Gallo, Javier Cáceres y Mario Uribe, por tener nexos con grupos paramilitares.

Nancy Patricia Gutié-rrez, Luis Alfredo Ramos y Juan Manuel Corzo, también fueron investigados.

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