El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró la nulidad del Acuerdo 0373 de 2014 por vicios de procedimiento, en fallo que fue conocido el pasado 15 de mayo.

En esta sentencia, el argumento central es que el Alcalde Ad-hoc, que fue necesario en su momento dentro del trámite debido a que el titular se declaró impedido por interés particular, no podía ser nombrado por la Procuraduría Regional como ocurrió, sino por el Presidente de la República, basándose en doctrina y jurisprudencia reciente del Consejo de Estado.

Aunque varios son los ejemplos de Planes de Ordenamiento Territorial que han sido declarados nulos total o parcialmente en los últimos años en el país, no existe un referente de ocurrencia 10 años después de su adopción, cuando ya está aproximándose una revisión de mediano y largo plazo.

Es conveniente entender que un fallo de estas características tiene unas implicaciones profundas en la economía en general, pues deja sin piso toda la norma con la que se planean y estructuran los proyectos de desarrollo y crecimiento urbano en una ciudad.

Acciones judiciales

Adicionalmente, el distrito queda en un escenario complejo, dado que asumiría una “avalancha” de acciones judiciales por reclamaciones de daños.

Sólo para dar algunos ejemplos de éstos tenemos:

Los aportes urbanísticos por mayor edificabilidad fueron creados en el Acuerdo 0373 de 2014, dando la oportunidad para que Cali creciera en densidad después de la nefasta experiencia del POT del 2000 que dejó una “ciudad enana”, donde en gran parte de la ciudad no se podía construir más de 5 pisos.

Hoy vemos mayores alturas y con los aportes se ha alimentado el fondo de Espacio Público, con cerca de 3.000 millones de pesos en promedio anual.

1.851 predios han sido legalizados desde la expedición del POT del 2014 en la ciudad, los cuales quedarían sin piso o deberían reiniciar un proceso incierto, ocasionando una afectación de 193 asentamientos humanos de desarrollo incompleto, 70 barrios precarios y 18 centros poblados.

Al anularse el Acuerdo 0373, se eliminan algunos suelos de protección, abriéndose la posibilidad de una ocupación indebida de estos.

Respecto a la clasificación del suelo, la nulidad del POT implica un retroceso en la seguridad jurídica de 2.072 hectáreas que con el anterior instrumento de planificación se mantenían en régimen diferido, es decir, con norma pendiente.

Estas y otras razones llevaron a que el pasado 20 de mayo la administración distrital de Cali radicara ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca una solicitud de aclaración y adición de la sentencia con un sustento jurídico y técnico fuerte.

Por lo pronto, una vez presentada esta solicitud, el POT de 2014 continúa vigente hasta que el Tribunal se pronuncie.

Hablan los gremios

“Lo cierto es que es una situación muy compleja desde varios frentes en la ciudad. Sólo para el sector de la construcción, hemos cuantificado en cerca de 5 billones de pesos la inversión que se pondría en riesgo, tanto de hogares como de empresarios. De igual manera, la decisión podría destruir alrededor de 30.000 empleos directos y otros miles de empleos indirectos”, sostiene Alexandra Cañas, gerente de Camacol Valle.

Por su parte, la gerente de la Lonja de Propiedad Raíz de Cali y el Valle del Cauca comenta que “medidas como la ocurrida en Cali, ante la Nulidad del Acuerdo, generan incertidumbre económica y alimentan la inseguridad jurídica, desestimula la inversión y la llegada de nuevas empresas a la ciudad que es uno de los objetivos estratégicos de la administración distrital. El ordenamiento normativo es básico para el desarrollo armónico de la ciudad”.

La Directora Ejecutiva de la CCI Occidente analiza que “los esquemas viales son un instrumento que representa el perfil y la localización de una vía pública existente o proyectada para el desarrollo de proyectos de infraestructura vial. De darse la nulidad del Acuerdo 0373 de 2014, los esquemas de muchas vías quedarían sin sustento para su expedición.”

La arquitecta Laura Lerma, presidente de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Valle del Cauca, respalda la solicitud de aclaración de la Alcaldía ante el Tribunal: “La anulación del POT 2014, diez años después de su adopción genera una gran incertidumbre en el desarrollo urbano y económico de Cali, poniendo miles de empleos en riesgo. Estamos comprometidos en buscar herramientas alternativas de solución y apoyar medidas efectivas para enfrentar esta situación. Trabajaremos junto con Planeación para aportar desde nuestro gremio en este proceso”.

En consecuencia, los gremios y las entidades firmantes califican como razonable la petición elevada por la Alcaldía para que el Tribunal otorgue 30 meses de plazo para la entrada en vigencia del fallo, de tal forma que se prepare y consiga en ese tiempo un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad, sin el grave desenlace que se advierte por la caída del actual.

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