La Arquidiócesis de Cali y la comunidad internacional facilitaron un encuentro con la Unión de Resistencias Cali, espacio en el que participan la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán; el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina y sus equipos delegados, para ejercer una labor de concertación. Del mismo hace parte una Comisión Técnica del Gobierno Nacional, quienes han permanecido en carácter de escucha y sugerencia.

Bajo la premisa de que la esperanza y el diálogo son las vías para evitar que la ciudad y el país tomen un mal camino, las conversaciones iniciales apuntan a establecer garantías que le permitan a la resistencia ser reconocida como actores sociales, generar una interlocución, que no haya judicialización de los jóvenes en la protesta, que se busque a las personas desaparecidas y se cumpla un debido proceso.

“Un llamado para que haya mucho control de la fuerza. Necesitamos que la Policía tenga un comportamiento apegado a la norma y a los contextos de los derechos humanos, en medio de las situaciones operacionales. La interlocución no se puede dar en medio de hostigamientos, para que se generen condiciones sociales y territoriales”, manifestó Jesús Darío González, secretario de Bienestar Social.

Según el funcionario, se debe evitar manejos represivos, proteger a la misión médica y a miembros de la comunidad internacional.

Dijo que tampoco se puede afectar a personas que hacen labores de intermediación de la Alcaldía, como funcionarios de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, además de evitar llegar a situaciones de riesgo.

Jesús Darío González invitó a los jóvenes y a la fuerza pública a no dejarse llevar por la lógica de la venganza, la violencia, la ira y el dolor.

“Hay luto, pero en medio de eso se necesita que los jóvenes manifiesten la alegría, que incluso han expresado en estos días, para que valga su expresión social, su movilización generacional y puedan hacer propuestas para transformar el país y a la ciudad”, concluyó el Secretario de Bienestar Social.

Articulación

Las reuniones se adelantan con participación de la Administración Distrital y el Gobierno Departamental, la Unión de Resistencias Cali–Primera Línea Somos Todos, delegadas del Ministerio del Interior y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), así como la presencia de la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Personería Distrital, la Minga Social y Comunitaria, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la MAPP OEA, Arquidiócesis de Cali, la Mesa por la Paz y la Justicia, la Misión de verificación de la ONU y la Comisión de la verdad.

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El objetivo se centró en presentar las exigencias de garantías mínimas para el ejercicio de los derechos constitucionales de la protesta social de la ciudadanía, en los diferentes puntos de resistencia en Cali, en la búsqueda de alternativas de concertación.

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