El Juzgado 13 de Cali admitió la acción de tutela interpuesta por el exconcejal Juan Martín Bravo, por el impacto de los sistemas de bloqueo de señal instalados en los centros penitenciarios, los cuales generan restricciones significativas en la conectividad en las comunidades aledañas a las cárceles de Villanueva y el Centro de Formación Juvenil Valle del Lili.

“La comunicación es un derecho fundamental que no puede ser vulnerado por fallas en la implementación de tecnologías de seguridad. Es necesario garantizar que las medidas tomadas no perjudiquen la vida cotidiana de los ciudadanos, especialmente en situaciones de emergencia”, señaló Juan Martín Bravo al respecto.

La demanda argumenta que los bloqueadores de señal, utilizados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para prevenir comunicaciones ilegales desde el interior de las cárceles, han ocasionado problemas graves en la cobertura de telefonía móvil e internet en las áreas residenciales cercanas.

De acuerdo con el análisis presentado, los bloqueadores de señal actuales generan interferencias más allá del perímetro de las cárceles, afectando a cientos de metros de distancia.

Esto refleja una falta de reglamentación técnica clara y eficiente.

“La tecnología debe ser un aliado, no una barrera. Es posible implementar soluciones que cumplan con los objetivos de seguridad del sistema penitenciario sin vulnerar los derechos de las comunidades vecinas”, agregó Bravo.

Petición

Entre las medidas solicitadas por la tutela, se incluyen la reconfiguración de los sistemas de bloqueo, la adopción de tecnologías menos invasivas y la garantía inmediata de acceso a comunicaciones adecuadas para los residentes afectados.

Con la admisión de esta tutela, el Juzgado 13 abre la posibilidad de establecer un precedente en la gestión de tecnologías de seguridad en los centros penitenciarios, promoviendo un equilibrio entre la protección del orden público y el respeto a los derechos fundamentales.

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