La Procuraduría General de la Nación inició una investigación para esclarecer un presunto megarrobo de energía en la Empresa Municipal de Cali, Emcali.

Esta inspección disciplinaria, liderada por un equipo especial, busca determinar responsabilidades y esclarecer las denuncias sobre un supuesto cartel que estaría operando dentro de la entidad, causando pérdidas significativas.

El equipo, designado por la procuradora General, Margarita Cabello Blanco, y liderado por el delegado para la Vigilancia Administrativa, John Harvey Pinzón, comenzó a recopilar pruebas y testimonios en las instalaciones de Emcali.

La denuncia, que fue publicada en medios de comunicación, acusa a funcionarios actuales, exfuncionarios y contratistas de la empresa de manipular los contadores de energía de grandes consumidores como empresas, moteles y residencias de lujo.

Estos actos delictivos habrían generado pérdidas estimadas en $50 mil millones mensuales.

Para llevar a cabo la investigación, el equipo de la Procuraduría, con el apoyo de la directora nacional de Investigaciones Especiales, Lucila Vidal, pasó dos días en las oficinas de EMCALI recabando documentos y evidencias clave.

La recopilación de esta información es crucial para identificar a los responsables y proceder con las sanciones correspondientes.

Según los hallazgos preliminares, los involucrados habrían cobrado cuotas mensuales de aproximadamente $6.000 millones a cambio de reducir el consumo de energía registrado en los contadores.

Más de mil predios

El concejal de Cali, Roberto Ortiz Urueña, denunció que más de mil predios en la ciudad estarían involucrados en estas prácticas ilícitas.

Señaló que entre los implicados hay 14 instituciones educativas y más de 110 propietarios particulares.

Además, solicitó una investigación para determinar si la Secretaría de Movilidad también está involucrada presuntamente por conexiones fraudulentas en cámaras de fotodetección y semáforos.

Ortiz afirmó que estas prácticas delictivas no son nuevas, ya que los robos de energía habrían comenzado en 2018.

Según sus declaraciones, las pérdidas acumuladas desde entonces superan los $50 mil millones.

Asimismo, el concejal pidió a la Procuraduría que presente los resultados de la investigación lo antes posible y a la Contraloría que determine el valor del detrimento patrimonial causado por estas pérdidas.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, aclaró que las investigaciones están enfocadas en administraciones anteriores y no en la suya.

No obstante, Eder aseguró que colaborará plenamente con las autoridades y proporcionará toda la información requerida.

El alcalde también subrayó que los hallazgos preliminares datan del año 2023.

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