Este lunes, los abogados litigantes realizaron una protesta nacional demandando del gobierno nacional y del Consejo Superior de la Judicatura la reapertura gradual de la justicia, con las debidas medidas de bioseguridad, ésto, luego del anuncio de normalización judicial a partir del 1° de julio. La cita en Cali fue en la Plaza de Cayzedo.

Según Gerardo Duque, presidente de la Federación del Colegio de Abogados de Colombia (Fedeacol), los abogados litigantes afiliados van a estar en asamblea permanente para seguir exigiéndole al Estado colombiano que dé apertura a la rama judicial, porque además es un derecho que tienen los ciudadanos de acceso a la justicia.

“Nosotros hemos agotado todos los mecanismos con el gobierno, hemos radicado derechos de petición, inclusive, acciones de tutela y realmente no ha habido una respuesta oportuna a las peticiones que la abogacía colombiana ha solicitado. No solamente están afectados los abogados, sino también la comunidad en general”, señaló Duque.

Según el jurista, hay más de 1 millón 800 procesos estancados, pero lo que motivó el plantón fue el hecho de que actualmente en Colombia hay más de 200 mil abogados litigantes, quienes están en una crisis humanitaria.

“La crisis social que viven los profesionales del derecho es verdaderamente dramática, con motivo de encontrarse cesantes hace más de tres meses sin poder ejercer su derecho fundamental al trabajo, a raíz de la continua suspensión de términos y parálisis judicial que viene decretando el Consejo Superior de la Judicatura, con la consecuente carencia de recursos de los profesionales del derecho para atender sus obligaciones con sus familias y con terceros. Esta difícil situación incluso ha afectado gravemente la salud física y mental, hasta registrar el suicidio de dos colegas en la ciudad de Cali: María Mercedes Ramírez y Carlos Alberto Pizano Gutiérrez”, aseguró el Presidente de Fedeacol.

De acuerdo con Duque, otro mes sin aperturar los estrados judiciales, es otro mes sin facturar servicios jurídicos del cual depende el sostenimiento de sus oficinas y familias, agravando aún más su difícil situación.

Finalmente, el abogado apeló a la realidad de tener que convivir con el Covid-19 hasta que la medicina no encuentre una vacuna, correspondiendo entonces prevenir el contagio con las medidas de bioseguridad recomendadas por las autoridades de salud. “Estamos de acuerdo que por fin se implemente el expediente digital y la virtualidad en la administración de justicia, sin que se pueda desconocer que ello comporta de importante presupuesto y tiempo de ejecución, no quedando otra solución que la gradualidad entre virtualidad con la plataforma que se tiene y la presencialidad con estrictos protocolos de bioseguridad”, dijo finalmente.

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