La Federación de Colegios de Abogados de Colombia (Fedeacol) manifestó su preocupación por los asesinatos de los juristas en el país, el más reciente, el del abogado penalista Fredy Barragán, perpetrado hace ocho días en zona céntrica de Cúcuta en donde recibió múltiples impactos de arma de fuego cuando se movilizaba en su camioneta.

Frente a este hecho, Gerardo Duque Gómez, representante legal de Fedeacol y presidente de la Organización Mundial de Abogados (OMA), rechazó el vil crimen, denunció los asesinatos sistemáticos de los abogados de Colombia en el marco del día Internacional de Derechos Humanos y exigió a las autoridades se inicie una campaña de protección especial para los líderes sociales.

Según Caravana Internacional de Juristas, las cifras que se manejan en Colombia, en los últimos 10 años han sido asesinados más de 700 abogados y 4.400 han sufrido diferentes tipos de agresiones. En el informe de su última visita la entidad subraya que durante sus tres viajes a Colombia, los delegados escucharon información sobre la alta tasa de impunidad, que todavía se estima en 97% para algunos delitos.

Mesa de trabajo
Por esta razón se está proponiendo una “Jornada Nacional por los Abogados Amenazados”, y su protección, la cual tendrá lugar en la capital del país el día 25 de Enero del 2021, a las 10:00 a.m. en el Club de Abogados de Bogotá, en el marco de la Asamblea Fundacional de la Orden de la Abogacía Colombiana.

De acuerdo con el Presidente de Fedeacol, amenazar o asesinar a un abogado o abogada es silenciar las voces de numerosas personas por las cuales se está luchando. “Desafortunadamente en Colombia se sigue atentando en contra de todo aquel que defiende los derechos de los demás”, dijo Duque Gómez.

Y agregó que “desde nuestra organización, solicitamos al Gobierno Nacional que escuche a los Directivos de la Federación de Colegios de Abogados, que se haga público un respaldo a protección de los abogados colombianos, y que exija cesen las amenazas y asesinatos de quienes se dedican a defender los derechos de todos los colombianos”.

En nombre del gremio, el profesional solicitó se conforme una mesa de trabajo con el gobierno, la Fiscalía General, la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Interior, con el fin de “evaluar mecanismos de protección y medidas de seguridad que se deben implementar para garantizar la vida y la integridad personal para los abogados de Colombia. A la vez propuso:

– El Estado debería capacitar a los funcionarios que integran sus diversos poderes, en el aprendizaje y en la práctica de los derechos humanos y en la importancia y el respeto del abogado como actor imprescindible del debido proceso.

– El Estado debería emprender políticas tendientes a la participación de la sociedad civil en la elaboración de estrategias comunes para la protección de los derechos humanos y el respeto al libre ejercicio de la profesión de la abogacía.

– El Estado debería implementar un proceso de interlocución e interacción entre los abogados defensores, la Fiscalía, la Procuraduría, el Defensor del Pueblo y la Defensa Pública para auscultar la situación de riesgo en la cual se encuentran los abogados, hacer seguimiento de las investigaciones penales y disciplinarias y desarrollar medidas de prevención y protección.

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