Si los poderes judicial y legislativo no dependieran el ejecutivo, otra sería la historia de Colombia.

Lo que está ocurriendo en Brasil con los procesos que se siguen contra la presidenta Dilma Rouseff y su antecesor y mentor, el expresidente Luis Inacio Da Silva, que podrían terminar en la destitución de la primera y la encarcelación del segundo, debe verse sin apasionamientos ideológicos.

Tanto los acusados como otros gobiernos simpatizantes de la región han salido a calificar estos procesos como ataques intencionales contra uno de los últimos bastiones de la izquierda en Latinoamérica, pero esta es una visión demasiado apasionada del tema, pues desconoce la innegable corrupción descubierta por las autoridades judiciales de Brasil.

La línea política de un gobernante, sea de izquierda o de derecha, no puede convertirlo en intocable ante la justicia.

Lo que está ocurriendo en Brasil es un ejemplo de independencia de poderes, una lección para el mundo entero, pues en los países con regímenes presidencialistas hay tal concentración de poder en el ejecutivo, que el judicial y el legislativo se convierten en subordinados del gobernante de
turno.

Colombia es el mejor ejemplo de ello, con una justicia politizada y un Congreso cuyas mayorías son incapaces de actuar con independencia frente al Gobierno Nacional, por eso aquí los presidentes son prácticamente inmunes a las sanciones judiciales y al control político.

El mensaje que se está enviando desde Brasil a todo el mundo es que no puede haber intocables y que todo funcionario público debe estar cobijado por controles judiciales, disciplinarios y fiscales sin excepción alguna. La investidura de ningún cargo puede equivaler a unapatente para abusar del poder ni para utilizarlo en beneficio propio.

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