La tal ley de sometimiento debe ser un fracaso porque la contraprestación que se entrega a quien se someta voluntariamente es apenas de una rebaja del 10% de la pena para los cabecillas y hasta del 50% para los militantes rasos.

Pero como para poder acogerse al beneficio de la ley, el reo debe ser primero juzgado y condenado en todas las instancias, los que ya están en cárcel no clasifican.

Igualmente quien sea capturado en un operativo urbano contra las bandas criminales o en una batalla o bombardeo de los ejércitos de los traquetos, no podrá acogerse a las miniprebendas que ofrece la ley porque el sometimiento exige voluntad del que se doblega.

Lo que el gobernante quería era destruir, casi que con explicable espíritu vengativo, todo el aparataje con el que se montaron en los últimos 70 años las negociaciones de paz con los alzados en armas, porque lo que resalta de esa ley no es lo que ofrezca a quien se someta, sino la forma vehemente como se eliminan todas las ventajas que se daba en la también fracasada Paz Total y que eran trasformaciones de los ofrecimientos que se hicieron con los innumerables armisticios, acuerdos de paz o diálogos realizados por parte del estado con los guerrilleros, paracos, traquetos o hampones de barriada con quienes se abrieron una y otra vez las conversaciones de paz.

En otras palabras, esta ley habría podido ser de un solo artículo derogando todo lo existente en la materia.

Le sobra la parte prohibitiva con la que se desmonta el aparataje inventado desde cuando el general Duarte Blum en 1953 pactó la paz con Guadalupe Salcedo en los Llanos Orientales.

Por lógica nadie va someterse a prisión a cambio de nada, pero como la mayoría de compatriotas que eligió a Abelardo lo hizo porque él pregonó que acabaría esa vagabundería de negociaciones de paz y de beneficios a los que dialogaran.

Él cumplió, las prohibió. Ojalá el remedio no resulte peor que la enfermedad.

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