¿Cojea también la salud?

Nuestro bello país ha contado con gobiernos establecidos bajo lemas tales como: “Sí se puede”, el “Salto social”, “El gobierno de la prosperidad”, etc. Pero sus problemas sociales siguen ahí, latentes, sin soluciones reales y de fondo, debido a los compromisos adquiridos con quienes financian campañas políticas. Por eso los gobiernos trabajan más para los que tienen, sin sonrojarse.

La ley estatutaria para la salud, que acaba de aprobarse en el “honorable” Congreso de la República, es una norma más, con distinta redacción. Las EPS no tienen razón de existir. Sin embargo, congresistas y altos funcionarios las dejaron con nombre distinto: gestoras de salud, con objetivos ambiguos. Una forma, de algunos de esos “honorables” de no autodestruir sus capitales.

El artículo sexto de esa ley establece también “que el Estado deberá proveer los recursos necesarios y suficientes para asegurar el derecho a la salud” pero, aquí está el “veneno” o el “mico”, “ese derecho será asegurado de acuerdo con normas de sostenibilidad fiscal.” Es decir, los tratamientos médicos funcionarán ahora bajo la “autonomía” de los galenos pero vigilados por juntas médicas (igual al sistema anterior), que serán las que digan la última palabra.

La salud fue definida por la Constitución del 91 como un “servicio público esencial obligatorio” que medio funcionó con tutelas y la Corte Constitucional la reconoció como un derecho fundamental, lo que obligó ahora a reformarla con una ley estatutaria que nos deja más dudas que certezas. Ese cuento de que ahora las “personas estarán por encima del negocio”, está por verse.

Seguramente, los que sabemos, socios de EPS, ya tienen la “fórmula” para aumentar sus ganancias en perjuicio de quienes seguirán viendo el acetaminofén en sus fórmulas.

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