El incremento del salario mínimo en Colombia para 2026, del 23%, ha encendido las alarmas entre expertos económicos por sus efectos sobre las finanzas públicas, el empleo y la inflación.

Aunque el Gobierno defendió la medida como una apuesta por un “salario vital“, sus impactos macroeconómicos podrían comprometer seriamente el equilibrio fiscal del país.

La decisión del Gobierno de aumentar el salario mínimo legal vigente (SMMLV) en un 23% para 2026, muy por encima de los parámetros técnicos tradicionales —la inflación causada (5,1%) más el crecimiento de la productividad—, ha generado amplias discusiones.

Según un informe de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, este salto representa un aumento real de 17,9%, y aunque se justifica bajo el concepto de salario vital propuesto por la OIT, sus consecuencias trascienden el bienestar inmediato de los trabajadores.

Impactos directos en el mercado laboral

En primera instancia, el ajuste ha elevado los costos laborales, afectando especialmente a las micro y pequeñas empresas que constituyen el 98% del tejido empresarial colombiano.

Esta carga adicional podría generar una postergación de nuevas contrataciones, incremento en los niveles de informalidad y, eventualmente, pérdida de empleos en sectores con alta sensibilidad salarial como agricultura, hotelería, servicios de comida y actividades artísticas.

Por otro lado, se advierte sobre un impacto inflacionario adicional derivado del incremento en la demanda agregada. Como respuesta, el Banco de la República sorprendió con un aumento de 100 puntos básicos en su tasa de intervención, iniciando así un nuevo ciclo de endurecimiento monetario para contener posibles presiones de precios.

Costo fiscal: una bomba de tiempo para el presupuesto

Uno de los aspectos menos visibilizados del debate ha sido el impacto fiscal de la medida. El aumento del salario mínimo implica un mayor gasto del Gobierno General Central (GGC), estimado en $3,8 billones adicionales en 2026 si se compara con un escenario técnico en el que el salario hubiera subido solo 6%.

El mayor componente de este costo es el ajuste en las pensiones del Régimen de Prima Media (Colpensiones), que por ley deben incrementarse en la misma proporción que el salario mínimo.

Con más de un millón de pensionados recibiendo un salario mínimo, se calcula que este ajuste representará un sobrecosto fiscal de $3,1 billones.

A ello se suma el impacto del deslizamiento en las rentas vitalicias, cuyo costo adicional alcanzaría $1,5 billones debido al diferencial entre el aumento del mínimo y la inflación.

Aunque el Gobierno emitió un decreto en diciembre de 2025 para modificar el cálculo de este deslizamiento, la nueva fórmula podría trasladar el riesgo a aseguradoras y afiliados, aumentando así la presión sobre el Fondo de Garantía de Pensión Mínima.

Menor recaudo y restricciones fiscales

El aumento del salario mínimo también reducirá el recaudo por impuesto de renta de personas jurídicas. Al incrementarse los costos laborales, las empresas verán reducidos sus márgenes de utilidad, afectando su base gravable.

Se estima que esta caída en el recaudo podría ascender a $3,5 billones en el año fiscal 2026 (a pagarse en 2027). En un contexto de alta rigidez fiscal, este deterioro simultáneo del gasto y del ingreso representa un desafío serio para el cumplimiento de la Regla Fiscal.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) proyecta un costo fiscal total de $5,3 billones en 2026, que podría alcanzar los $8 billones en 2027.

Una medida socialmente loable, pero fiscalmente riesgosa

El aumento del salario mínimo responde a una intención legítima de mejorar los ingresos de los hogares más vulnerables.

Sin embargo, cuando se aparta de criterios técnicos y se implementa sin medidas compensatorias, puede generar efectos adversos que, paradójicamente, terminan afectando a quienes se quiere proteger.

En medio de una coyuntura fiscal apretada, el país deberá evaluar con cautela las decisiones de política salarial y sus repercusiones de largo plazo.

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