Hay una pregunta incómoda que como sociedad evitamos responder con honestidad, ¿por qué el abogado penalista es moralmente juzgado por ejercer su profesión?, en teoría, vivimos en un Estado de Derecho.

En la práctica, parecemos vivir en un Estado de prejuicios. La defensa es un derecho fundamental. No es una concesión, no es un privilegio, no es un favor.

El propio Estado garantiza la defensa pública porque entiende que nadie puede ser condenado sin ser escuchado, orientado y defendido. Entonces, ¿en qué punto la labor del abogado penalista se convierte en algo reprochable?

Curiosamente, no todas las defensas generan el mismo rechazo social. Defender a un servidor público investigado suele dar prestigio.

Defender a un empresario cuestionado suele verse como “normal”. Defender a un narcotraficante, en cambio, convierte al abogado en sospechoso, en cómplice moral, casi en delincuente.

Desde cuándo hay delitos “defendibles” y otros que no lo son, la hipocresía del reproche moral, hoy vivimos en una sociedad con una moral profundamente selectiva.

El narcotraficante es señalado como el máximo delincuente. Pero quien se apropia de recursos públicos, dinero que debía ir a hospitales, educación o infraestructura muchas veces recibe un reproche menor, casi técnico, casi elegante.

Nos indigna más el origen del dinero que el daño que produce. Nos escandaliza que un narcotraficante compre una casa, un carro o un reloj de lujo.

Pero ese mismo dinero circula, paga servicios, paga impuestos indirectos, mueve la economía.

Ahí el reproche se diluye. Sin embargo, cuando ese mismo narcotraficante paga por una asesoría jurídica, cuando ejerce su derecho a la defensa, ahí sí aparece la indignación moral.

Profesiones que no se juzgan y otras que sí. Un médico que opera a un narcotraficante no es cuestionado.

Un arquitecto que le diseña su casa no es señalado. Un concesionario que le vende un vehículo de 800 o 900 millones no es repudiado.

A ellos se les excusa con una frase cómoda, “no tienen por qué saber de dónde viene el dinero”.

Pero al abogado penalista no se le concede esa neutralidad. A él se le exige pureza moral. Se le pide que seleccione a quién defender como si fuera juez, no profesional.

¿Por qué esa carga recae solo sobre una profesión liberal?, tal vez el problema no sea ético, sino emocional.

Incomoda que el abogado penalista gane bien, incomoda que su trabajo sea visible, incomoda que su labor recuerde que incluso quien más nos desagrada tiene derechos.

O quizá es más simple, no entendemos la diferencia entre defender un derecho y justificar un delito.

El abogado no absuelve, el abogado no condena, el abogado garantiza derechos, límites y debido proceso.

Vivimos tiempos donde celebramos avances importantes, igualdad de género, reconocimiento de diversidades, ampliación de libertades individuales, enfoques menos punitivos frente a ciertas conductas.

Sin embargo, retrocedemos peligrosamente en algo básico, la comprensión del Estado de Derecho. Cuando empezamos a decidir quién merece defensa y quién no, dejamos de ser una sociedad de derechos y nos convertimos en una sociedad de linchamiento moral.

Tal vez la pregunta no sea por qué el abogado penalista defiende. La pregunta real es ¿por qué nos cuesta tanto aceptar que los derechos no se negocian según la simpatía del acusado? Porque el día que solo tengan derechos los “buenos”, nadie estará realmente a salvo.

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