Lo que ocurre en los alrededores de Univalle ya no es un debate ideológico ni una manifestación de inconformidad estudiantil: es una emergencia que afecta a toda la comunidad universitaria y a miles de habitantes del sur de Cali que viven con miedo y zozobra cada semana.

Tres semanas seguidas de disturbios obligan a exigir control y protección para la comunidad universitaria.

En menos de un mes, los encapuchados incendiaron dos tractomulas, atacaron con fuego un establecimiento comercial y decenas de personas quedaron atrapadas entre explosiones y bloqueos.

Estas jornadas, que se repiten con frecuencia, paralizan el transporte, interrumpen las clases y generan temor entre estudiantes, profesores y comerciantes.

Las protestas se convirtieron en un patrón de desorden que atenta contra la tranquilidad de la ciudad, y la comunidad caleña está cansada de ser víctima de quienes confunden la rebeldía con el vandalismo.

Las medidas anunciadas por las autoridades (más cámaras, control de accesos, vigilancia privada y cooperación con la fuerza pública) son necesarias y proporcionadas.

Algunos las califican de represión, pero en realidad son herramientas legítimas de protección para quienes sí quieren estudiar, enseñar o trabajar sin miedo.

La vigilancia, por tanto, no puede entenderse como censura, sino como una medida para evitar tragedias mayores y recuperar el control de un entorno que pertenece a la academia, no a la violencia.

Desde lo judicial, lo policial y lo investigativo deben emprenderse acciones firmes para identificar y sancionar a los responsables.

No basta con contener los disturbios; hay que erradicar el patrón de impunidad que permite su repetición.

¿Esta semana habrá nuevamente bloqueos y desmanes, y las autoridades se limitarán otra vez a cerrar las vías que rodean Univalle, o finalmente actuarán con decisión para restablecer la normalidad dentro y fuera del campus?

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