Los recientes eventos terroristas en Jamundí, un municipio al sur de Cali, me transportaron a finales de la década de los ochenta y comienzos de los noventa.

Los múltiples ataques, las motos bomba y los daños colaterales a la población civil revivieron mis años de estudiante universitario.

Recuerdo que, justo en medio de un examen en una fría mañana bogotana, sentí el pavor como si de un terremoto se tratara.

El salón de clase se sacudió por la explosión de una mega bomba en el edificio del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

A partir de ese momento, conocí en carne propia lo que es el terror, un sentimiento que se generalizaría mundialmente después del atentado a las Torres Gemelas una década después.

Pero vuelvo a mis años de estudiante. La bomba en el edificio del DAS con sus cincuenta muertos encima fue tan solo el principio; luego vendrían otros actos demenciales y terroristas, como la bomba en el avión de Avianca y múltiples atentados con carros bomba en las principales ciudades. Literalmente daba pavor caminar por las aceras junto a vehículos estacionados.

Conclusión: cualquier acto terrorista, independientemente de su magnitud y de la ideología que lo sustente, debe ser condenado enérgicamente por toda la sociedad y castigado con el mayor rigor y celeridad posible.

No solo porque violan de manera flagrante los derechos humanos, victimizan a inocentes, crean un clima de desestabilización y miedo, y tienen efectos prolongados y destructivos tanto materiales como psicológicos en las sociedades afectadas.

Debemos condenarlos y rechazarlos vehementemente porque la violencia ha sido, es y será siempre un método ilegítimo para solucionar nuestros problemas.

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