El anuncio del gobierno del presidente Gustavo Petro sobre el incremento en el precio del ACPM ha generado una profunda preocupación en diversos sectores de la sociedad colombiana, y con toda razón.

Este aumento, justificado como un intento de ajustar el precio del diésel al estándar internacional, podría tener consecuencias nefastas para la economía del país.

Durante la mesa de diálogo entre transportadores y el gobierno, se revelaron datos que no pueden pasarse por alto.

El aumento en el precio del ACPM se traduciría en un impacto directo en la inflación, estimado en un 4%. Esto se suma a la ya elevada inflación anual de octubre, que alcanzó un alarmante 10.48%, según datos del Dane.

Los transportadores, que representan una parte vital de la economía nacional, expresaron sus preocupaciones sobre el impacto directo en sus costos operativos.

El combustible, que constituye el 40% de los gastos de operación, no solo afectará a los transportadores, sino que también se proyecta como una amenaza para la canasta familiar y la industria en general.

La petición de los transportadores de detener el alza del ACPM no debe ser tomada a la ligera.

Este llamado a la moderación y a la sensatez resalta la necesidad de proteger la economía colombiana en un momento crítico o, de lo contrario, el país caerá en hiperinflación, como Venezuela y Argentina.

La racionalidad debe ser la brújula que guíe las decisiones económicas.

Si bien es comprensible la búsqueda de alinearse con los precios internacionales, este objetivo no puede ser alcanzado a expensas de la estabilidad económica y la capacidad adquisitiva de la población.

La economía no puede ser manejada como un tema ideológico; más bien, debe basarse en enfoques técnicos que protejan el bienestar de los ciudadanos. Si sube el ACPM, subirá todo.

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