El modelo de transporte aéreo de “bajo costo” en el país es un verdadero fracaso.

Las aerolíneas nacionales que implementaron rutas y tarifas más cómodas para los viajeros en nuestro territorio no lograron consolidar un esquema que permitiera mantener en el mercado servicios de bajo costo que impulsaran el turismo y la recreación ante la pasividad e impotencia de las autoridades para poner en cintura a las prestadoras de servicios de transporte aéreo.

Lo más grave para el sistema de transporte aéreo es el daño reputacional que se ha causado entre los consumidores de este tipo de viajes que resultaba efectivamente atractivo para quienes programar vacaciones o paseos ocasionales significa más que una mayor conveniencia para su economía doméstica, una forma de viajar en mejores condiciones socioeconómicas.

Las circunstancias de orden administrativo y financiero en que las compañías Viva Air y Ultra Air afectaron a miles de pasajeros hace necesario que el gobierno nacional deba actuar desarrollando una nueva regulación aeroportuaria para que las empresas internacionales puedan operar en las distintas rutas nacionales, haciendo que el precio sea regulado por el mercado sin que se ponga en riesgo ni la sostenibilidad de las mismas, ni la confianza de los viajeros en un modelo que contribuye altamente a la expansión de nuevos servicios del transporte.

Pienso que no hay ningún otro nombre para llamar a lo ocurrido, sino el de una verdadera “estafa” a más de 300.000 familias que confiaron en una regulación presuntamente amparada por el Estado que no los defendió de la burla y del engaño. No creo tampoco, que la alternativa sea simplemente subvencionar tarifas, porque en el largo plazo este modelo de “bajo costo” no sería sostenible, puesto que las leyes del mercado terminan definiendo cuáles son los mejores servicios y determinando así mismo los precios. El Estado debe garantizar a los usuarios la prestación efectiva de los servicios del transporte aéreo en forma eficiente y confiable.

No pueden repetirse abusos tan aberrantes de este tipo en Colombia contra consumidores de buena fe en la prestación de un servicio que bien controlado por el Estado y que administrado eficientemente por las compañías aéreas, bajo condiciones viables del mercado, puede mantenerse para el beneficio de todos.

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